Las organizaciones agrarias y pequeños productores nucleados en el MTE Rural organizaron una audiencia pública sobre la reforma a la Ley de Semillas. Entre las organizaciones campesinas convocantes también se encuentra la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Multisectorial contra la Ley Monsanto de semillas.
La diputada Silvia Horne (Peronismo para la Victoria – Río Negro) condujo el encuentro y aseguró que “desde Diputados estamos cumpliendo con una solicitud de las organizaciones que es poder desarrollar esta audiencia pública que tiene por objeto poner en debate la situación que significaría la modificación de la Ley de Semillas”. Según la legisladora, “esta Ley tiene como beneficio a una única empresa monopólica que es Monsanto”. Asimismo, informó que el proyecto de Ley de las FAA fue ingresado con el apoyo de un conjunto de diputados, entre los que ella se encuentra.
Luego, Nahuel Levaggi de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) manifestó que “la Secretaria de Agroindustria pretende hacernos creer que hay un acuerdo de mayoría”, pero las pretensiones son de “Bayer – Monsanto”. Según el expositor, la Ley que estaría redactando el Poder Ejecutivo tiene como pilares la eliminación de los derechos de los productores a ejercer el uso propio de la semilla; la cesión de poderes “inadmisibles” al Instituto Nacional de Semillas; “confundir la cadena de semilleros para que no que claro dónde empieza y dónde termina”; “engañar a todos con la mentira de que es necesario una Ley de semillas nueva para la inversión e investigación”. Mientras tanto, desde la UTT proponen una Ley que garantice la participación decisiva de las organizaciones agrarias; otorgue un marco específico para la agricultura familiar; comprenda definiciones sobre semillas nativas y criollas para la preservación de la biodiversidad; declarar de orden público las disposiciones de la Ley sobre limitaciones y derechos y declarar la invalidez de las condiciones abusivas en la compra de semillas.
A continuación, el diputado Daniel Arroyo (UNA – Buenos Aires) manifestó su apoyo a lo planteado por Horne y Levaggi y expresó su compromiso para acompañar “todas las iniciativas que aquí se planteen”. En la misma línea, el diputado Luis Basterra (FpV-PJ- Formosa) afirmó que “han intentado imponernos un debate que está relacionado al concepto de propiedad intelectual que exige la OCDE”. Asimismo, según el legislador, “hay que hacer un análisis profundo de la Ley de semillas porque hoy Monsanto se está llevando recursos de Argentina a través de un artilugio legal”, por ello, “tiene que estar claramente especificado en la normativa argentina cuáles son los criterios vinculados al desarrollo de la propiedad intelectual”.
El diputado formoseño manifestó que adhiere al “trabajo de las FAA” en términos conceptuales y que, además de la Ley de semillas, es necesaria una Ley “que ampare el concepto de recurso genético”. Esta Ley debería definir los recursos genéticos y sus derivados, los cuales no deberían ser considerados como una invención y no se podrían otorgar derechos de patente. Para Basterra, “hay un derecho propio de quienes han cultivado el desarrollo de especies que han sido domesticadas, pero hay un bagaje de germoplasma que tiene que ser preservado como potestad del Estado nacional y de los Estados provinciales”.
El diputado Juan Bahillo (FpV-PJ – Entre Ríos) aseveró que “el rol del Estado tiene que ser muy activo” en materia de semillas y que el Estado tiene que generar las condiciones para que el proyecto de vida de las familias con arraigo en el campo sea sustentable. A continuación, el diputado José Ruiz Aragón (FpV-PJ – Corrientes) cuestionó el tratamiento de la Ley de semillas en este momento y propuso dar prioridad al debate sobre “el desfinanciamiento de la agricultura familiar”.
Posteriormente, Omar Príncipe, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), destacó la presencia de “más de 20 organizaciones” y aseguró que hay otro modelo agropecuario posible al que se quiere “imponer”. “Estamos resistiendo a un cambio de política pública agraria (…) desde que Monsanto embargó barcos argentinos en Europa venimos resistiendo”, dijo. Según Príncipe, el Estado está ausente y hay muchos productores que “están sufriendo este ajuste”. El presidente de la FAA sostuvo que “este modelo garantiza una rentabilidad extraordinaria al Fondo Monetario Internacional (FMI) y una renta extraordinaria al sistema financiero” y propuso pensar “una Ley de semillas que tenga foco en el sujeto agropecuario”. “Nos vamos a oponer a un borrador escrito por cinco o seis CEOs”, concluyó.
A continuación, el Dr. Aldo Casella expresó que al momento de discutir una Ley de semillas, “el tema gira siempre alrededor del uso propio limitado o ilimitado. Esta es la tensión principal”. Según explicó, actualmente existe un derecho de exclusividad de producir la semilla en calidad de tal para su comercialización, pero “todos los otros actos que no sean comercializar son actos libres”. Sin embargo, Casella afirmó que lo que se busca con la “Ley Monsanto” es “cortar la utilización de la semilla y la disposición”. “Se quiere ir a otro sistema donde se establece que el titular de una variedad tiene el derecho exclusivo de realizar cualquier acto con el material de reproducción de la variedad (…), por lo tanto, estamos sujetos a la autorización del titular para utilizar la semilla”, desarrolló. Para el especialista, “ningún derecho de patente puede obstaculizar el derecho del agricultor al uso de la semilla”.
Además, según el especialista, ahora la discusión también abarca las patentes en eventos genéticos. Sobre este punto se refirió al conflicto de Argentina con Monsanto, en el cual, según el abogado, el Tribunal Europeo le dio la razón al país al determinar que la patente de la compañía “no alcanzaba para detener embarques de su producto porque ese gen en la harina ya no cumplía ninguna función”. También ironizó: “si seguimos así, cuando encuentren el gen de Monsanto en el estómago de una vaca vamos a tener que pagar un derecho”.
Casella indicó que otro de los puntos de discusión es la incorporación del “modelo de negocio de Monsanto”, según el cual, si se le da valor a las cláusulas contractuales fijadas por la compañía “estaríamos subordinando todo el derecho”. Es por ello que se le quiere otorgar categoría de orden público a los derechos y obligaciones que fije la Ley.
Trabajadores de la UTT manifestaron que “la semilla no debe ser privatizada porque es lo primero que necesitamos los agricultores” y desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) expresaron que en los años ’90 “cuando se empezó a profundizar este modelo de protagonismo de las grandes transnacionales desaparecieron más de cien mil agricultores”.
Por su parte, desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) argumentaron que “hemos delegado el fitomejoramiento a empresas extranjeras”, mientras que, “cada una de las semillas que hoy nos alimentan tienen un trabajo colectivo de milenios de familias indígenas campesinas”. La organización rechaza cualquier forma de propiedad intelectual, entendiendo que representa un “avance en la apropiación de un bien común”. Mientras tanto, desde el Frente Agrario Evita acusaron a Monsanto de no ser “amigable con el medio ambiente” y al proyecto de “no estar en sintonía con el vivir bien”.
Representantes de la Federación Nacional Campesina aseguraron que “la tierra, el agua y la semilla son elementos fundamentales para nosotros (…). Sin esos tres elementos no podemos tener identidad, espiritualidad y agricultura”. Luego, Gustavo Schrauf, Profesor de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía (UBA), indicó que es necesario un mayor tiempo para el análisis de la reforma, como así también, propuso generar un reconocimiento para el mantenimiento de la biodiversidad de materiales de los pueblos originarios y crear un fondo de programas estratégicos para el mejoramiento genético en nuestro país.
La nutricionista Miryam Gorban señaló al “modelo agrícola dominante” por el daño que produce el uso de plaguicidas, y también por la desnutrición y el sobrepeso. “Este modelo se llama capitalismo salvaje”, afirmó. Según Gorban es necesario transferir los sistemas alimentarios vinculando agricultura, nutrición y salud, integrando mecanismos sectoriales enfocados a los más pobres. La especialista opinó que “las Leyes Monsanto” sirven para más importación, devaluación, desmantelamiento de programas, despidos masivos y renta financiera. Asimismo, calificó a la coyuntura como un “golpe de mercado”.
Para Gorban la sequía que atravesó el campo es producto del “modelo productivo salvaje” y advirtió que un fallo de San Francisco (EEUU) prohibió el uso de clorpirifos, que es uno de los insecticidas más utilizados en nuestro país, según sus dichos. Sumado a ello, recordó que 8 de cada 10 verduras y frutas en Argentina tienen agrotóxicos. La oradora calificó la autorregulación de la industria como “imposible” y reivindicó la idea de que los cultivos transgénicos son diseñados para la apropiación sistemática e instrumental de la naturaleza y, sin duda, un instrumento de control territorial político y cultural de una nueva etapa neocolonial.
Finalmente, Tamara Perelmuter, en representación de la Multisectorial contra la Ley Monsanto de semillas, advirtió que el proyecto que “van a intentar imponer se sigue negociando a puertas cerradas”.
