Avanza el tratamiento de las modificaciones al Régimen de Semillas

En el día de la fecha, los diputados se reunieron para continuar con el tratamiento de la reforma al Régimen de semillas y creaciones fitogenéticas. A tales efectos volvieron a recibir a especialistas y sectores interesados.

En primer lugar, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), manifestó que “si no existe un mecanismo de control adecuado, no hay Ley que funcione”. Asimismo, comentó que la Sociedad estuvo involucrada en un proceso de dialogo con productores y representantes de la industria semillera en el que arribaron a consensos, entre ellos: se reconoce el uso propio de semillas por parte de productores; se acuerda la necesidad de que los proveedores de germoplasma y biotecnología promuevan negocios que se adapten a la realidad de Argentina; se reconoce que a través del pago de la tecnología contenida en las semillas las empresas deben tener un resarcimiento por lo invertido para ello; y el pago por germoplasma y biotecnología se debe realizar en la compra de la semilla fiscalizada, en una sola factura, y cada vez que se realice el uso propio. Por otro lado, el incremental estaría permitido a través de un pago único.

Luego, Andrea Sarnari, representante de la Federación Agraria Argentina (FAA), destacó tres puntos fundamentales que “deben ser regulados”: propiedad intelectual; uso propio de la semilla por el productor y terminar con las prácticas contractuales que vulneren los derechos del productor. Según Sarnari, “la industria semillera está sumamente concentrada, es monopólica, y eso hace que el pequeño productor no tenga los elementos suficientes para ver qué es lo que está firmando y a dónde lo está llevando la firma de un contrato”. Asimismo, recordó que la FAA presentó un proyecto de Ley propio, pero que está “dispuesto a dialogar”.

Más adelante, el exdiputado Gilberto Alegre, expresó que al tratar una Ley de semillas se “juegan” los derechos de los productores, de los obtentores, de las tecnológicas y del país. Sobre este último punto, habló de la soberanía alimentaria y tecnológica, porque el conocimiento es lo que le da mayores ingresos a un país. Asimismo, señaló que muchas veces los obtentores se mudan de países a donde se reconocen sus derechos. “La tecnología la vamos a pagar si o si, si la producimos en Argentina o si la tenemos que traer de afuera”, expresó.

A su turno, la Dra. Carmen Gianni, quien fue funcionaria del Instituto Nacional de Semillas (INASE), señaló que debe “haber un nivel de pequeños agricultores que estén exceptuados del pago de la tecnología que usan”. Para ello, “habrá que hacer coincidir el sistema de patentes y el sistema de derecho de obtentor”. A su vez, destacó que el uso propio oneroso “puede ser una posibilidad”.

Posteriormente, Diego Villafañe en representación de la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (FEDIA), expresó su conformidad con el acta de entendimiento de los obtentores y los agricultores, y manifestó que la FEDIA está interesada en promover un marco legislativo que permita a los productores a acceder a nuevas tecnologías; establecer mecanismos de control eficientes del Estado; uso propio gratuito para pueblos originarios y agricultura familiar; y designación del directorio del INASE.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoán, y el Director Ejecutivo, Mario Acaroni, expresaron que los agricultores familiares, pueblos originarios y -quizás- pequeños productores deben quedar excluidos del uso propio oneroso. Además, estableció que el valor del germoplasma o biotecnología debe ser establecido por los oferentes, tanto para venta de semilla original como para el uso propio. Por otro lado, según los invitados, el Estado debe realizar el control comercial de la semilla y del grano, y apoyó el método de INASE de control del comercio en punto de entrega. Finalmente, pidieron que se reconozca el retorno a la inversión realizada porque Argentina está perdiendo competitividad por la falta de variedades vegetales que están en el mercado.

Por su parte, Dámaso Pardo, presidente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), manifestó que la excepción del productor y fitomejorador podría ser incorporada al art. 36 de la Ley de Pantentes, para que un fitomejorador no deba pedir autorización al titular de una patente para realizar trabajos de investigación y desarrollo.

También estuvieron presentes, el Ing. Agr. Alberto Livore, mejorador de arroz del INTA; representantes de Maizar; de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa; de la Federación de Cooperativas Federadas, de la Cámara Algodonera y del criadero Klein.

Al final del encuentro, el titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería informó que en la próxima reunión ingresará formalmente el proyecto de Ley del Ejecutivo.

2018-10-04T09:58:32+00:00octubre 2nd, 2018|Desde el Ágora, Destacadas|