El día martes 28 de septiembre se reunió de forma virtual la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para darle tratamiento al Expte. S-1813/21, proyecto de ley que prorroga la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena hasta el 23 de noviembre de 2025.

La Ley Nacional N° 26.160 establece que el Estado Nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –INAI-, deberá realizar un relevamiento técnico jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas, en el territorio nacional. Esta norma, sancionada el 23 de noviembre de 2006, tiene carácter de orden público, estableciendo una emergencia mediante la cual se suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas del país.

En este sentido es que el proyecto en cuestión busca prorrogar los art. 1, 2 y 3 de la ley N° 26.160 hasta el año 2025.

Primeramente expuso la Senadora Nora del Valle Giménez (Frente de Todos – Salta), autora del proyecto, quién sostuvo en reiteradas oportunidades sobre la urgencia de la prórroga de la ley que tiene fecha de vencimiento en el mes de noviembre. Defendió su proyecto afirmando que «El 23 de noviembre se vence  la prórroga… nos vamos a quedar sin ningún instrumento legal que evite los desalojos de tierras que no han sido entregadas efectivamente y de todas esas tierras sobre las que todavía no se han completado los relevamientos» .  «Sabemos que hay una situación de alta complejidad» y la «prórroga es para garantizar paz social en todo el país». «Las empresas inmobiliarias están en pie de guerra». «Con esta prórroga estamos evitando que reflote esta situación de conflictividad social entre argentinos: son criollos contra pueblos originarios, alentados y utilizados por los operadores de negocios inmobiliarios».

El proyecto pretende, asimismo, asignar para cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de la Ley un crédito de $290 millones destinados a la atención del Fondo Especial creado por la Ley 26.160.

Sobre esto la Senadora expresó que «lo que hace falta es habilitar la partida de cada presupuesto para que estos fondos sean operativos y el fondo pueda funcionar como tal».  «Al momento de iniciar los relevamientos las comunidades eran menos de mil. Actualmente llegan a ser entre 1.600 y 1.700» . «Es necesario incorporar a todas las comunidades que no han sido relevadas y continuar la tarea de relevamiento»… «Es indispensable asignar una partida específica a los relevamientos porque este año se ha trabajado en los relevamientos sin recursos propios».

El senador Humberto Schiavoni , representando al interbloque de Juntos por el Cambio, explicó que el interbloque no va a participar de las deliberaciones porque «entendemos que el protocolo está vencido y sostenemos que este proyecto tiene que ser girado a la comisión de Población y Desarrollo Humano». «Esto no implica estar en contra del Proyecto o en contra de preservar los derechos de los pueblos originarios». Además, afirmó que «se está pidiendo un presupuesto que compromete cuatro ejercicios presupuestarios».

Finalmente el proyecto fue enviado a la firma por los miembros de la comisión para ser tratado en el recinto.