Continúa el debate por la reforma al Régimen de Semillas

Los diputados se reunieron para continuar con el tratamiento de la reforma al Régimen de semillas y creaciones fitogenéticas. A tales efectos la comisión recibió a un conjunto de invitados.

En primer lugar, Francisco Iguerabide, asesor del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, sostuvo que la agricultura tiene relevancia geopolítica y que estamos ante una revolución provocada por la lectura y edición genética. “En Córdoba no tenemos criaderos importantes de los principales cultivos y tenemos un objetivo de diversificación productiva, para lo cual una Ley sería muy auspiciosa para nosotros”, afirmó. También opinó que la Ley debe permitir retribuir de manera justa la mejora genética y biotecnológica, y que todos los actores de la cadena puedan acceder a las innovaciones.

Luego fue el turno del Ing. Raimundo Lavignolle, quien acudió en representación del INASE (Instituto Nacional de Semillas). Lavignolle se refirió a la legislación vigente y manifestó que el 60% de las variedades son de empresas nacionales. Además, según el funcionario, el 30% de los productores que producen el 80% de la cosecha son los que más uso propio hacen, mientras que resulta difícil para los pequeños obtentores y empresas de semillas poder desarrollarse.

A su turno, Pedro Vigneau de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), expresó que la modificación a la Ley de Semillas es central y que “puede abrir la puerta a tecnología que hacen falta en muchas economías regionales”. A su vez destacó que con el marco normativo actual cada vez hay menos semilleros y “se van cayendo los mejoradores”. Por otro lado, subrayó que con otras entidades gremiales realizaron un acta de entendimiento en la que se sostuvo que todos los productores deben pagar cada vez que se utilice el uso propio y que los titulares de los derechos deben comunicar el valor máximo de las regalías por tres años.

Posteriormente, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, concurrió Juan Burba, quien afirmó que la semilla es un “bien social” y una creación humana. Además opinó que las semillas deben “ser libres y no privatizadas”, y estar en manos de los campesinos y campesinas. A su vez, consideró que resguardar el derecho de los obtentores es resguardar los intereses de las corporaciones. “Nuestra propuesta es la agroecología”, manifestó. Las restricciones al uso propio y las patentes son amenazas a la soberanía alimentaria, según Burba.

Por su parte, Lucas Larraquy de AFA SCL (Agricultores Federados Argentinos), consideró que se está discutiendo esta Ley ahora por el supuesto patentamiento de una nueva variedad de soja. “Es imprescindible homogeneizar la Ley de Semillas con la Ley de Patentes”, opinó. Sumado a ello, para Larraquy hay que reglamentar el otorgamiento de certificado de bioseguridad al momento de “largar la variedad al mercado”; analizar “profundamente si es necesario” el control en grano en punto de entrega; y reglamentar relación contractual entre obtentores y usuarios.

Mientras tanto, David Castellano, asesor de AFA, sostuvo que “si sólo se piensa en el inversor van a convertirnos a los productores en arrendatarios de las semillas” y “determinadas empresas” van a seguir teniendo una posición dominante sobre cultivos alimentarios a nivel mundial.

Posteriormente, el Ing. Agr. Fernando Vilella en representación de CPIA (Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica), sostuvo que generar y mantener vanguardia requiere reconocer las mejoras con alícuotas del logro de sus aportes. Además consideró que una Ley de Semillas debe respetar la propiedad intelectual y fomentar las inversiones y el trabajo. Es por ello que afirmó que hay que proteger el uso propio como práctica del productor y asegurar su onerosidad para quienes opten por hacer uso de las tecnologías. Por otro lado, el Ingeniero aseguró que no incorporar tecnologías (atraso tecnológico) tiene costos, y se preguntó quién va a traerlas si no va a tener reconocimiento.

A su turno, Roberto Oscar Enriquez, Gerente General de ARPOV (Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), aseguró que desarrollar una nueva variedad vegetal lleva por lo menos 10 años. A su vez subrayó que en autógamas se siembra menos del 30% de semillas fiscalizadas por INASE. Para Enriquez, es necesaria una Ley que se adecue a la matriz productiva y que fomente los programas de investigación locales. El orador argumentó que debe pagarse por la investigación y las tecnologías en cada uso y cada vez que se compra semilla; el control debe ser liderado por SENASE; y debe mantenerse la libertad de contratación entre las partes.

Luego, por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Miguel Ángel Pacheco, aseguró que es necesario tener más tecnología para que los productores sean más eficientes. Mientras tanto, Flavio Galizzi considero que es necesario que se pague por el uso de la semilla para que haya inversión en tecnología, y que deben quedar exceptuado los pequeños productores. Además, mostraron preocupación por el cobro de regalías por la tonelada producida y expresaron que sólo se deberían cobrar por la compra de la semilla.

También estuvo presente Roberto Delgado, investigador del INTA, quien se preguntó porqué es tan difícil ponerse de acuerdo para un tema tan relevante. “No ponernos de acuerdo tiene costos para la sociedad Argentina”, dijo. A su vez, propuso generar tecnología para que el uso propio sea cada vez menor, como el coating, la edición génica, la biotecnología, etc. Para Delgado, la legislación actual es funcional para muchos actores que tienen relevancia en el sector y para encontrar el “corazón del no consenso” se requiere analizar hacia adentro de la cadena de producción de semilla de soja” porque allí se pueden dar problemas de poder de mercado que condicionan a las partes.

Más tarde, David Miazzo de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), consideró que debe mantenerse el uso propio y todos los productores pagar la tecnología; debe incluirse en el mismo pago toda innovación; y sobre el Estado debe recaer el poder de policía. Respecto al pago, opinó que para determinar quiénes deben pagar debe realizarse una estratificación por superficie cultivada; el pago debe ser ponderado por la novedad de la semilla; y el INASE debe determinar un valor máximo equivalente al 1.2% del valor FAS de la tonelada de cada cultivo, por cada bolsa de 40kg de semillas.

Por último, el Ing. David M. Hughes, en representación de Argentrigo, afirmó que debe fortalecerse el INASE; “las multas deben ser pesadas” y la Ley debe considerar tecnologías nuevas y la importancia de ser líderes en el conocimiento aplicado a la genética vegetal.

Según informó la presidencia, continuarán las exposiciones el próximo martes, pero en simultáneo los asesores trabajarán sobre las diversas iniciativas con el objetivo de alcanzar un borrador de dictamen. 

2018-10-10T12:14:13+00:00octubre 9th, 2018|Desde el Ágora, Destacadas|