En el día ayer se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales con motivo del tratamiento del Mensaje 054/19 y proyecto de Ley de fecha 6 de marzo de 2019 sobre ética en el ejercicio de la Función Pública. A dicha reunión fueron invitados expositores para tratar la temática.

El presidente de la comisión, Pablo Tonelli (Unión PRO – Ciudad de Buenos Aires) indicó que se toma como base el proyecto integral del poder Ejecutivo para el análisis, ya que hay varios proyectos presentados por diputados sobre el tema.

El primero en exponer fue Diego Alonso, abogado y Secretario de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, quien destacó que este tipo de oportunidades de participar en el tratamiento de estas normas es muy útil. En este sentido indicó que la visión general de la Entidad es muy positiva, ya que se cree que es una norma que toca todos los aspectos esenciales de la temática. Tiende a reunir otras cuestiones dispersas en normas de inferior jerarquía, como el nepotismo, cuestiones de conflicto de intereses, régimen de obsequios y viajes financiados por terceros.

“Desde lo formal nos parece una norma concreta y prolija que contiene los aspectos centrales e incentivos para que sea eficaz en general. A diferencia de otras normas, se prevén mecanismos para que la Autoridad de Aplicación pueda poner en ejecución los objetivos de la norma”. Específicamente, en lo que se refiere al nepotismo, señaló que les parece que cuando la norma alude a la asignación recíproca, se justificaría hacer una redacción en la que quede claro de qué se trata, y qué es lo que busca proteger.

Ramiro Cabrero, abogado y Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance afirmó que la norma es una propuesta de avance importante y muy necesaria. “Me parece bien la parte descriptiva de la norma en cuanto a establecer conductas esperadas para el funcionario. Creo que en cuanto a la descentralización de las autoridades de aplicación sería bueno que haya un buen nivel de seguimiento para que los tres poderes del Estado tengan un crecimiento y educación paralela”. Por otro lado y en referencia al nepotismo, Cabrero comentó que en las situaciones en las que aplique alguna excepción, sería bueno que el propio funcionario “levante la mano” y que diga que él se encuentra en esa situación pero que le aplica dicha excepción: “El principio rector del proyecto es la transparencia”.

Marcelo Giullitti, representante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ratificó la necesidad de modificar la Ley actual. Asimismo, resaltó la importancia de la regulación de conflictos de intereses que presenta el proyecto ya que es valioso que se aplique a todo el Estado. “El problema central de la aplicación de la Ley es como hacemos efectivas las obligaciones, falta garantizar sanciones eficaces, y las medidas que se presentan como herramientas para que las autoridades de aplicación puedan hacer disuasión de alguna forma resultan demasiado débiles y poco efectivas”.

Giullitti indicó que el problema es que las obligaciones son muy buenas, pero hay un pobre sistema de sanciones y un diseño institucional que no tiene mirada de ser eficaz: “el sistema toma mucho de la Ley de Acceso a la Información Pública y eso debería enseñarnos la dispar reglamentación que tuvo en otros Poderes”. Comentó también que la publicidad oficial queda relegada, en lugar de tener un régimen propio, ya que debería tener una reglamentación separada y robusta. Finalmente, indicó que el proyecto habla de intereses públicos y privados, cuando los intereses públicos no existen ya que los funcionarios tienen deberes y no intereses.

Alejandra Freire, representante del Centro de Investigación de Prevención de Criminalidad Económica, señaló que ven como un problema el hecho de que cada vez hay más contrataciones de personas a través de Monotributo por consecuencia del dictado del Decreto por el cual se prohibió asumir más funcionarios públicos al Estado. “Vemos que en casos de comisiones evaluadoras, de contrataciones, se han puesto personas contratadas por locación de obras que es un problema al momento de las declaraciones juradas”.

A su turno, Dalma Parisi – Líder del Grupo de Integridad de IDEA – señaló que el proyecto en general parece completo y bastante superador de lo que hay actualmente. “Se detallan varios escenarios donde la normativa va a ser interesante a los efectos de seguir combatiendo la corrupción en diversas instituciones”. Según Parisi, la norma tiene algunos defectos de definiciones que deberían ser revisadas para evitar que se dificulte su aplicación en un futuro. Finalmente, comentó que las sanciones deberían estar incluidas en la norma específicamente y no referir a otros cuerpos.

Guillermo Grela, abogado representante del Instituto de Ética y Transparencia de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, consideró que en líneas generales la actualización del régimen vigente no solo es necesaria sino que es indispensable para seguir construyendo un marco normativo que asegure la transparencia en el marco de la “cosa pública”. “Somos conscientes que el fenómeno de la corrupción es complejo, multicausal y multidimensional, y por eso la lucha por su erradicación requiere un esfuerzo conjunto (…) Hay oportunidades de mejora para dar mayor claridad, pautas objetivas para determinar a que se refieren los obsequios, limitar los viajes de capacitación o formación y demás”.

La diputada Karina Banfi (UCR – Buenos Aires) destacó que es necesario observar la Ley de Ética Pública en el marco de la institucionalidad que corresponde a todo el Estado, y no solo al Poder Ejecutivo. “Hay que comprender a la corrupción como un virus dentro del sistema democrático, y el antivirus que tenemos que crear es el de la transparencia e integridad (…) hay que desmitificar cuál es el sentido ideológico que muchas veces le dan a determinados conceptos y empezar a pensar que la transparencia no tiene ideología y nos toca a todos”.

Finalmente, el diputado Tonelli indicó que el proyecto comenzó con una tarea de la comisión en el año 2017 cuando se creó una subcomisión que trabajó con todos los proyectos, y a partir de ahí surgió un borrador. El mismo pasó a la Oficina Anticorrupción, lo cual después dio como resultado el proyecto del ejecutivo. “Por lo tanto se toma como base ese proyecto, pero eso no excluye que tengamos en cuenta los demás para mejorar lo que sea necesario”.