En el día ayer tuvo lugar una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia con motivo del tratamiento proyectos de Ley sobre los siguientes temas:

  • Modificación del artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos – Ley 23.298 – respecto incompatibilidad para ser precandidato o candidato y sobre paridad, alternancia y condiciones para acceder a cargos representativos partidarios.
  • Modificación del Código Electoral Nacional – Ley 19.945 – respecto creación de un Registro de Personas Inhabilitadas por el Poder Judicial para ser candidatos a cargos electivos y para ejercer la función pública; modificación del artículo 60 bis sobre requisitos para la oficialización de listas.
  • Ética en el ejercicio de la Función Pública – Ley 25.188 –.
  • Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, respecto conformación de las juntas electorales partidarias – Ley 26.571 – modificación del artículo 26.

Sin embargo, los diputados debatieron únicamente respecto el proyecto de Ley sobre incompatibilidad para ser candidatos y precandidatos. Al comienzo de la reunión, el diputado Pablo Tonelli (Unión PRO – Ciudad de Buenos Aires), presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, comentó que actualmente poseen 14 proyectos presentados. A esto se sumó una campaña pública de algunas Organizaciones No Gubernamentales que han presentado una enorme cantidad de firmas en pro del tratamiento y aprobación del proyecto sobre modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos respecto incompatibilidad para ser precandidato o candidato. La campaña finalizó en el día de ayer mediante un acto en el cual se entregaron 255.000 firmas en favor del tratamiento de los proyectos.

Tonelli señaló que la situación tradicional en nuestro país ha sido que solo sean excluidos del padrón aquellas personas condenadas en juicio penal cuya sentencia estuviere firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, según lo dispuesto en el artículo 3º del Código Electoral. Se introdujeron cambios con la reforma Constitucional del año 1994, en el artículo 36 que establece en uno de sus párrafos que “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”. En este sentido se fueron sucediendo diversos cambios, como la inclusión en el artículo 57 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de la prohibición de designar en cargos públicos a quienes se encuentren procesados por delitos dolosos. Asimismo, en el año 1999 con la Ley de Empleo Público – Ley 25.164 – se prohibió la designación en el Estado, aun en el cargo más bajo, a quienes se encuentren procesados por delitos dolosos.

Tonelli añadió que la razón por la cual se ha permitido ser candidatos a personas con condena, se debe a la aplicación de la presunción de inocencia consagrada por la Constitución Nacional. En este sentido, Tonelli remarcó el hecho de que justamente es una presunción, y no un dogma. “Los fundamentos del proyecto empiezan por los artículos de la Constitución Nacional; se refieren a un cierto y determinado tipo de delitos: aquellos sobre traición a la patria y los que atenten contra el Estado”. Asimismo, se ha tenido en cuenta la Convención de la ONU contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Americana de Derechos Humanos, a las cuales se las considera normas que permiten reglamentar de manera razonable y justificada los derechos.

El diputado agregó que lo que se pretende es reglamentar para un caso en particular el alcance de la presunción de inocencia. “Esto que se propone no es un invento argentino, es algo que tiene vigencia normativa en la región y en algunos casos desde hace muchos años. Rige en Brasil, Chile, Uruguay, México, Perú, El Salvador y Honduras”. Finalmente, Tonelli comentó que circularon el borrador de dictamen en el cual se propone que la inhabilitación aparezca luego de una condena de segunda instancia, pero que posteriormente han comentado entre diputados y se transmitió la intención de tratar de que el proyecto establezca la inhabilitación a partir de la primera condena.

El presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre (UCR – Córdoba), celebró la presencia de los diputados de las distintas bancadas en el medio de un proceso electoral y destacó su disposición a debatir este tema, que es una demanda de la sociedad. “No podemos permitir que una persona que ha sido denunciada, procesada, llevada a juicio y que un tribunal lo ha condenado pueda ser precandidato en las primarias o ser candidato para las elecciones generales”.

La diputada Silvia Lospennato (Unión PRO – Buenos Aires) comentó que resultaría deseable se tome como base para el análisis, el proyecto que obtuvo dictamen en el año 2017: “Me parece que en esta reunión hay que debatir si hay que hacer ajustes o aportes a aquel proyecto que alcanzó consenso de gran parte de los bloques de la Cámara”. Lospennato señaló que según su consideración, lo que propone el proyecto debe aplicarse a todos los delitos que “tengan el paraguas” del artículo 36 de la Constitución Nacional y por tal motivo no comparte las otras iniciativas que incluyen delitos dolosos.

La diputada Graciela Camaño (Consenso Federal – Buenos Aires) comentó brevemente que si se quiere luchar contra la corrupción, hay tiempo de sobra y hay que hacerlo en los tiempos correspondientes. “Estamos haciendo la máxima expresión de la hipocresía política”. Finalmente, la diputada afirmó que votará a favor, pero que aún sostiene que debería aplicarse el doble conforme.

Posteriormente, María Emilia Soria (FpV-PJ – Río Negro) fue crítica con el proyecto en cuestión e indicó que no hay grises en el principio de inocencia: se lo respeta o se lo viola. En este sentido, afirmó que el dictamen propuesto no pasa por el mínimo constitucional ya que la condena debe estar firme. “El oficialismo quiere desplazar garantías constitucionales en lugar de atacar las causas, que son los tiempos de la justicia (…)  Vamos a abrazar el principio de inocencia, que es una sentencia firme pasada por autoridad de cosa juzgada. Nuestra propuesta no es un acto de campaña”.
La diputada comentó que su propuesta incorpora otros delitos no contemplados por el proyecto del oficialismo: proponen incorporar los delitos previstos en el Código Aduanero, los delitos contra el Orden Económico y Financiero, los previstos en el Régimen Penal Tributario, los previstos en el Régimen Penal Cambiario y delitos de narcotráfico, entre otros. Finalmente, añadió que proponen incorporar la inhabilidad a los tenedores en sociedades y jurisdicciones offshore de ser precandidatos y candidatos.

La diputada Karina Banfi (UCR – Buenos Aires) celebró que en un año electoral, con las dificultades que el mismo implica, se haya motivado este debate político. La diputada afirmó que la corrupción ocupa un lugar central en el debate político hace décadas. Ésta deteriora las instituciones públicas y la confianza, y por lo tanto es importante “hablar este tema este año y en este momento, porque afecta la moral social”. Banfi señaló que es necesario generar las herramientas que demanda la sociedad y comentó el caso de Brasil: cuando se sancionó la Ley 135 – Ficha Limpia – , 2045 candidatos renunciaron a su lugar en la lista alegando presión social. “Cuando ponemos en juego una agenda, un tema, lo que estamos haciendo es entregarle a la sociedad la posibilidad de que nos lo demanden, nos demandan que tengamos un prontuario limpio si queremos ser candidatos a algo”.

Finalmente, se pasó a la firma el dictamen. Tonelli comentó que debido a que hay disidencias parciales, se van a analizar las mismas con el ánimo de ver si antes de que sea tratado en el recinto el proyecto, se le pueda dar algún consenso definitivo.