Los diputados de la Comisión de Comunicaciones e Informática se reunieron para continuar con el tratamiento de la “Ley Corta”, que cuenta con media sanción del Senado. A tal efecto, el cuerpo recibió a Cámaras, Sindicatos, Asociaciones y representantes de organismos públicos interesados en la materia.

En primer lugar, Oscar Trucco, Subsecretario de Telecomunicaciones de Santa Cruz aseguró que las Pymes no le temen a la competencia, pero “no disponen de frecuencia para comunicaciones móviles”. Sobre este punto, manifestó que las empresas Claro, Movistar y Telecom “tienen que cubrir las ciudades sin ampliar el espectro”. Además, según el orador, “el Estado debe defender a la red de Arsat porque fue la solución para todas las pequeñas comunidades (…). Darle a multimedios como el Grupo Clarín la posibilidad de ser el único vendiendo el servicio a partir del mes de enero pondría en riesgo el trabajo de las cooperativas y pequeños cableoperadores”.

A continuación, Carlos Bilbao, Secretario de Telecomunicaciones de Entre Ríos afirmó que las Pymes dedicadas a las comunicaciones en su provincia “no tienen inconveniente en competir” si hay certidumbre respecto de las asimetrías. Para Bilbao el proyecto de Ley “desprotege la inversión en Arsat”, “delega en el Poder Ejecutivo Nacional una amplia discrecionalidad en la reglamentación” y “desalienta las inversiones en mercados marginales”. Asimismo, según el Secretario, el texto con media sanción no contempla una tarifa social, ni contenidos regionales en la televisión satelital.

El diputado Alejandro Grandinetti (UNA – Santa Fe) le consultó al expositor cómo podría fomentarse la inversión en mercados marginales. Bilbao respondió citando el ejemplo de su provincia, que está “avanzando en el desarrollo de una empresa provincial de telecomunicaciones (…) para que las localidades marginales o de pocos usuarios tengan plena conectividad”.

Luego, Santiago Marino y María José Guembe, representantes de la Defensoría del Público, presentaron una serie de propuestas en relación con la regulación de las comunicaciones convergentes. En primer lugar, plantearon que establecer una tarifa social sería el medio adecuado para garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la comunicación. Al respecto, observaron que “la Ley corta avanza desde una perspectiva de mercado”, poniendo en riesgo el acceso igualitario a la convergencia.

Por otro lado, manifestaron que es necesario fijar “mecanismos ex ante para limitar la concentración de la propiedad”, ya que esto puede vulnerar el derecho al pluralismo y a la diversidad. En sintonía, aconsejaron fomentar la producción de contenidos locales. Para los representantes, el artículo 11 del proyecto “podría significar una cartelización de la producción”, mientras que en el artículo 10, en lo referido a la obligación de la oferta mayorista del servicio de radiodifusión por suscripción, “deberían incluirse para todas las ciudades en todas las regionales del país”.

Seguidamente, advirtieron que la Ley corta podría representar una “derogación de artículos de la Ley de Comunicación Audiovisual” que causaría una afectación en el acceso de contenido relevante en las audiencias. Por último, aconsejaron que se incorpore una Defensoría del Público y Comunicación Convergente como instancia de defensa de derechos.

Los diputados Gonzalo Del Cerro (UCR – Santa Fe), Ezequiel Fernández Langan (Unión PRO – Buenos Aires), Marcelo Wechsler (Unión PRO – CABA), Karina Banfi (UCR – Buenos Aires) y Juan Brügge (Córdoba Federal – Córdoba) manifestaron que Marino y Guembe no pueden realizar propuestas en representación de la Defensoría porque es una institución que está acéfala. En contraposición, el diputado Adrián Grana (FpV-PJ – Buenos Aires) acusó al oficialismo de destruir cualquier ámbito donde se pueda dar la discusión y afirmó que, dentro de las funciones operativas delegadas a Guembe, está la emisión de opiniones en tema de comunicaciones. “Es absolutamente necesaria su opinión como institución”, dijo Grana. La diputada Gabriela Cerruti (FpV-PJ – Buenos Aires) acompañó a Grana en su argumento.

Luciano Bertone, en representación del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) expresó: “una Ley de estas implicancias nunca debería hacerse de espaldas al sector”. Además, contó que cada vez que intentaron aportar al tratamiento de la Ley se les dijo que no afectaría al cine y a la publicidad, sino que era una norma sobre tecnología, pero las plataformas trasladan contenidos audiovisuales.

Maria Victoria Cherñajovsky, de Grupo Acción, denunció que “los canales de televisión argentinos tienen la obligación de comprar cine argentino y no lo están haciendo (…). Tememos a la televisión digital aterrizando como único medio porque baja a los hogares con contenidos del exterior”. Luego se refirió a la empresa Netflix y comentó que en Chile y Brasil le están exigiendo coproducciones y el pago de impuestos, mientras que en Argentina no.

Gustavo Bellingeri del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) advirtió sobre el peligro de las fuentes de trabajo de aprobarse la Ley. “Si bien la modificación en el Senado habla de un tiempo en la satelización, esta tecnología no puede reflejar la radiodifusión del interior (…) que es donde se emplean quince mil trabajadores”, afirmó.

Francisco Cecchini, en representación de la Cámara Argentina de transmisión de voz y datos bajo protocolos no tradicionales y comunicaciones convergentes (CATIP) calificó como “auspicioso” que la Ley entregue un 20% de espectro para más de dos mil operadores del interior del país. “Si bien el 20% es escaso, es la primera vez que estamos pensando en una Ley que piensa brindarle frecuencias a operadores regionales del país”, consideró.

Más tarde, Daniela Inés Monje, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Córdoba señaló que “la comunicación no puede ser evaluada como mercancía porque es un derecho humano” y que la Ley deja en situación de vulnerabilidad a las Pymes y cooperativas.

Finalmente, desde el Sindicato de Profesionales de las Telecomunicaciones consideraron que es necesario un nuevo texto “adecuado y prolijo”, donde se promueva el rol del Estado como planificador para asegurar el acceso igualitario a los servicios de la información a partir de la fijación de una tarifa máxima.