Desde el Agora

Fiscales expusieron en el Congreso

En vísperas de la visita de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, la comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público recibió a los fiscales Germán Moldes, Raúl Omar Pleé, Carlos Rívolo, Guillermo Marijuán y Luis González Warcalde en el marco de supuestas irregularidades en la designación de fiscales.

En sus exposiciones Guillermo Marijuán y Carlos Rívolo advirtieron sobre la designación de fiscales en cargos inactivos debido a la creación de juzgados pese a la ausencia de los recursos materiales necesarios a tal efecto. En este sentido,  Rívolo hizo referencia al nombramiento de cuatro fiscales en las localidades de Goya, Tartagal, Santiago del Estero y General Pico que habían atravesado el concurso conforme a derecho, pero las jurisdicciones no estaban “habilitadas” en razón de la insuficiencia de las condiciones presupuestarias.

Asimismo, Rívolo denunció el ingreso de personal a fiscalías a través de la Procuración, salteando de ese modo el ingreso democrático e igualitario. En correlación con lo expuesto, puso de manifiesto que su secretaria fue discriminada porque “en tres de cinco concursos para ser fiscal quedó primera y el pliego nunca llego al Senado”. A su criterio, dicha distinción es el “alto costo que tuvo que pagar por colaborar en la investigación de la causa Ciccone”. Por otro lado, el fiscal ratificó que durante su investigación en la causa Jaime se interpusieron muchos obstáculos, entre ellos la supuesta “quiebra de cadena de custodia” de 25.000 mails que comprometían al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

A su turno, Marijuán se refirió a su desplazamiento como titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES) por decisión de Gils Carbó y cuestionó el nombramiento como fiscal de Juan Pedro Zoni, de Justicia Legítima. También, el fiscal se explayó sobre la intervención de Omar Orsi y Carlos Gonella -que para entonces eran secretarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)- sobre la causa “Báez” que tramitaba ante su fiscalía. Sostuvo que existieron muchas irregularidades, entre ellas, el requerimiento de instrucción se acotó a dos imputados (Federico Elaskar y Leonardo Fariña) y a un reporte de operación sospechosa que ellos mismos habían llevado, todo lo cual “impidió la adopción de medidas de corte inmediato, como por ejemplo el allanamiento a la ‘Rosadita’”. En este sentido, Marijuán responsabilizó a la procuradora general por haber puesto dos secretarios a cargo del PROCELAC, cuando las unidades fiscales siempre estuvieron a cargo de fiscales federales y categorizó dicha decisión como una irregularidad en sí misma. Finalmente, declaró que en todas las unidades que se formaron con la llegada de Gils Carbó se nombraron empleados efectivos, mientras que todos los empleados que trabajaron en la UFISES durante su titularidad fueron contratados. A su criterio, la causa reside en que la unidad estaba a su cargo.

Germán Moldes también cuestionó a Zoni por haber recomendado el sobreseimiento de Gonella y Orsi en la causa por el prevaricato. Además denunció que en dos ocasiones la Cámara urgió al juez acelerar el trámite y “todavía nada se hizo”. El fiscal se refirió a la denuncia hecha contra Gils Carbó por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

A continuación, el fiscal Pleé afirmó que la creación de PROCELAC responde a una modificación de la política vinculada con lo que representan las unidades de apoyo técnico a los fiscales que intervienen en causas complejas. En este sentido, entiende que el objetivo fue constituir una “fiscalía de carácter paralelo en el Ministerio Público Fiscal para intervenir en todas las causas sine die y en todas las instancias”. Sumado a ello, afirmó que existió una asignación arbitraria del personal en el Ministerio y que nunca le fueron concedidos los pedidos de recursos humanos que había solicitado.

Finalizando el encuentro, el ex procurador subrogante, Warcalde, se refirió a los hechos ocurridos durante el 2012 cuando dispuso que tanto los evaluadores como los juristas invitados de los concursos fueran designados por sorteo para lograr una mayor transferencia. Como contrataque, Gils Carbó cuestionó sus atribuciones para modificar el régimen debido a su condición de subrogante. Warcalde explicó que el sistema que prescinde de los sorteos no ofrece garantías de objetividad y viola la igualdad de los candidatos.

La procuradora concurrirá a la Comisión, presidida por Graciela Camaño (UNA- Buenos Aires), el próximo jueves 18 de mayo para exponer sobre las acusaciones sobre el desempeño de sus funciones.

 

 


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