Desde el Agora

Responsabilidad Penal Empresaria

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado dictaminó el proyecto de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas tras haber consensuado sus modificaciones.

El senador Pedro Guillermo Guastavino (FpV-PJ – Entre Ríos), quien preside la Comisión, manifestó al comienzo de la reunión: “se ha alcanzado un fuerte consenso”.

Luego, el senador Ernesto Félix Martínez (Frente Pro – Córdoba) explicó algunas de las modificaciones que fueron realizadas a la media sanción de la Cámara de Diputados.

En primer lugar, “se acotan los delitos pasibles de sanción a las personas jurídicas privadas, siendo de Capital Federal o del extranjero, con o sin participación estatal”, aclaró el senador. Estos son: 

1.    Cohecho y tráfico de influencias, nacional o transnacional, previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal;

2.    Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previsto por el artículo 265 del Código Penal;

3.    Concusión, previsto por el artículo 268 del Código Penal;

4.    Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previstos por los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal;

5.    Balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo 300 bis del Código Penal.

Por otro lado, en el artículo 2º se define la responsabilidad penal de las personas jurídicas: “Las personas jurídicas son responsables por los delitos previstos en el artículo precedente que hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. También son responsables si quien hubiere actuado en beneficio o interés de la persona jurídica hubiera sido un tercero que careciere de atribuciones para obrar en representación de ella, siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque fuere de manera tácita. La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella”.

El caso de responsabilidad sucesiva queda contemplado en el artículo 3º, “si se da el caso de responsabilidad sucesiva, es decir, que la empresa va tomando otros nombres, se transforma, se fusiona o cualquier modificación societaria, la responsabilidad penal subsiste”, explicó el senador Martínez.

El artículo 4º se refiere a la extinción de la acción: “La acción penal contra la persona jurídica sólo se extinguirá por las causales enumeradas en los incisos 2 y 3 del artículo 59 del Código Penal. La extinción de la acción penal contra las personas humanas autoras o partícipes del hecho delictivo no afectará la vigencia de la acción penal contra la persona jurídica”. Sobre este punto, el senador Martínez subrayó la supresión de la figura de la imprescriptibilidad de los delitos, contenida en el texto de la media sanción.

Por otro lado, la acción penal respecto de las personas jurídicas prescribe a los 6 años de la comisión del delito, informó el senador. 

Luego se refirió a la independencia de las acciones, el texto indica: “La persona jurídica podrá ser condenada aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la persona humana que hubiere intervenido (…)”.

En relación a las penas, el senador Martínez manifestó que “se han establecido teniendo en cuenta el derecho comparado y el beneficio indebido obtenido”, “la multa se fija en 2 a 5 veces del beneficio indebido obtenido”. También se contemplan otras penas: “la suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años”, “la suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años”, “la disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito”, “la pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere” y “la publicación de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica”, enumeró.

La persona jurídica quedará eximida de pena y responsabilidad administrativa cuando “concurran simultáneamente” las siguientes circunstancias: 

1.    “espontáneamente haya denunciado un delito previsto en esta ley como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna”;

2.    “hubiere implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23  de esta ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito”; y

3.    “hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido”.

Asimismo, el senador explicó que el dictamen elimina la posibilidad de llevarse a cabo el juicio en rebeldía. 

El artículo 16º contempla el acuerdo de colaboración eficaz: “La persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz, por medio del cual aquella se obliga a cooperar a través de la revelación de información o datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes o el recupero del producto o las ganancias del delito, así como al cumplimiento de las condiciones que se establezcan en virtud de lo previsto en el artículo 18. El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse hasta la citación a juicio”.

El senador Martínez concluyó su participación manifestando que “se llegó a un trabajo de síntesis donde todos los sectores políticos hicieron sus aportes”, “también se tuvo en cuenta la media sanción”, “la opinión de expertos”, y “de la delegación de la OCDE, que plantean como exigencia para el ingreso de nuestro país una norma de este nivel”.

Los senadores firmaron el dictamen y se espera que pueda llegar a ser tratado en la próxima sesión de la Cámara alta.

 

 

 


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