Desde el Agora

El Congreso tratará el DNU 27/2018

El decreto de desburocratización y simplificación del Estado ingresó esta semana a la Cámara de Senadores. Será analizado por la Bicameral de Trámite Legislativo el próximo 6 de febrero.

De los 16 miembros que componen la Comisión Bicameral, el macrismo sumó a ocho legisladores, lo que le allanaría el camino a un dictamen de mayoría.

Por la Cámara alta fueron designados el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff (quien además se postula como presidente de la Comisión Bicameral), Néstor Braillard Poccard y Silvia Giacoppo.

A esos tres oficialistas se suman los diputados macristas Pablo Tonelli, Ezequiel Fernández Langan, Fernando Iglesias, Luis Petri y Martín Hernández.

El peronismo no kirchnerista ubicó a los senadores María Teresa González, Daniel Lovera y Guillermo Snopek, y al diputado Pablo Kosiner. Mientras que los representantes del kirchnerismo serán los diputados Máximo Kirchner y Marcos Cleri, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.

El último lugar será para la representante del Partido Renovador de Salta en la Cámara alta, María Fiore Viñuales.

El proceso legislativo y los DNU

Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) son atribuciones del Presidente de la Nación que pueden ser utilizadas excepcionalmente. Si bien el DNU no es una Ley en sentido formal tiene alcances generales, al igual que las Leyes sancionadas por el Congreso.

El carácter excepcional de los DNU encuentra su sustento teórico en la división de poderes y su raigambre constitucional en el artículo 99 inc. 3 CN que establece: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.

Asimismo, la Constitución indica que cuando existan situaciones en las que sea imposible seguir el trámite ordinario de sanción de las Leyes, el Presidente podrá emitir DNU. No obstante, los DNU no podrán versar sobre materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos.

En cuanto a los requisitos que deben cumplir los DNU, la Constitución instituye que deben emitirse en un contexto excepcional que lo justifique y deben ser firmados por el Presidente, el Jefe de Gabinete y la totalidad de los ministros.

Además, pasados 10 días de la emisión del Decreto, el Jefe de Gabinete de Ministros deberá someterlo a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que tendrá 10 días para analizarlo y expedirse sobre su validez o invalidez, elevando un dictamen al plenario de cada Cámara para que lo traten expresamente.

La Ley 26.122 sancionada en el año 2006 regula el trámite y los alcances de la Comisión Bicameral. Entre otras cosas establece que la Comisión cumple funciones aún durante el receso del Congreso, sesiona con mayoría absoluta de sus miembros y sus integrantes son elegidos por los Presidentes de sus respectivas Cámaras (durando en el cargo hasta que dicha Cámara se renueve y pudiendo ser reelectos).

La aprobación de un DNU por una sola de las Cámaras es requisito suficiente para la validez de la norma. Mientras que el rechazo por ambas Cámaras implica la derogación del DNU. Cabe destacar que la Ley 26.122 no fijó plazo alguno para el pronunciamiento del Congreso.


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