En el día de ayer tuvo lugar una JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE OBESIDAD: ADVERTENCIAS SANITARIAS Y LEGISLACIÓN BASADA EN EVIDENCIA en el Congreso Nacional. Al comienzo del encuentro, Luciana Termine, Directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional, aseguró que las recomendaciones de políticas públicas en materia de obesidad buscan que “las familias tengan suficientes alimentos para consumir, de calidad, nutritivos y que generen bienestar. También buscan poner fin a la malnutrición”. Asimismo, consideró que “se debe tener presente que la agenda es una agenda de derechos humanos y que nadie debe quedar atrás”.
Seguidamente, Norma Morandini, Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, manifestó que «venimos a hablar de derechos humanos» porque hay una obligación del Estado con nuestros compromisos constitucionales. A su vez se refirió a los derechos tutelados por la Convención del Niño y expresó su preocupación en razón de que “sólo el 10% de los padres reconoce que la obesidad infantil es un problema de escala mundial”.
Luego tomó la palabra Maureen Birmingham, representante OPS/OMS para Argentina, quien destacó que Argentina tiene la segunda tasa más alta en la región en obesidad en menores de 5 años. “Esto está afectando al grupo etario más vulnerable y por ello se requiere una mayor protección del Estado. Es una epidemia que está conducida por el cambio de los patrones de consumo”. Sobre este punto, explicó que las familias dejaron de consumir alimentos caseros, los cuales fueron reemplazados por productos ultraprocesados con alto contenido en sal y azucares.
Según Birmingham, debe ser obligatorio que los productos industrializados declaren su cantidad de azucares y, también, debe regularse “un sistema de advertencia frontal efectivo”. “Es alarmante que con toda la evidencia existente sobre el daño del consumo de azúcar no sea obligatorio para la industria declarar la cantidad de azúcar agregada que posee el alimento procesado”, reflexionó. Además, la representante de la OPS afirmó que los Estados deben “garantizar el derecho de la población a saber el contenido de los productos que está consumiendo”.
Por otro lado, se refirió a los conflictos de interés y los calificó como “barreras críticas para poder frenar la obesidad”. “Algunas empresas han estado actuando para impedir, retrasar o dificultar medidas eficaces. Por eso, el liderazgo del Estado es muy importante para superar estos intereses que son dañinos para la población”, expresó.
Más tarde, Sebastián Waisgras, Deputy Representative, OIC a.i., UNICEF Argentina, comentó que 1 de cada 2 niños y niñas tienen sobrepeso y obesidad al terminar el ciclo escolar; que la obesidad creció un 74%; y que 1 de cada 4 adultos es obeso. “Hay derechos que están siendo vulnerados. Hay niños, niñas y adolescentes que están desprotegidos porque hay un entorno que los lleva a adoptar hábitos que los perjudica en el presente, pero principalmente en el futuro”, afirmó.
Según Waisgras, “al no tener un mecanismo de etiquetado frontal que nos advierta sobre los productos que tienen un exceso de grasa, de sodio, de azúcar, no tenemos la posibilidad de elegir libremente si queremos o no queremos consumirlos”. En este sentido, el orador consideró que “la presencia de un entorno obesogénico viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes (…) a recibir una alimentación adecuada”.
Por otro lado, manifestó que “la acción del Congreso es necesaria para lograr los resultados que estamos buscando. (…) Hay una necesidad imperiosa de contar con un etiquetado frontal de advertencia”. Sobre este punto, detalló que “el etiquetado debe utilizarse para identificar productos que no son saludables, que no deberían publicitarse a niños, niñas y adolescentes, ni ofrecerse en entornos escolares”.
Por último, Adolfo Rubinstein, Secretario de Gobierno de Salud, destacó que durante su gestión se trató de “recoger la mayor cantidad de evidencia sobre cómo impactaba la obesidad infantil”. Además, anunció que el Gobierno Nacional realizará próximamente “la segunda encuesta nacional de nutrición, dónde vamos a ver datos que verdaderamente no están alarmando. Este es un problema global, pero que está impactando en nuestro país de una manera muy preocupante”.
Para el funcionario, debe existir una fuerte sensibilización y concientización del problema. En relación a la agenda política, consideró que “hemos logrado meter el tema en la agenda, como un verdadero problema de salud pública”. En cuanto a los instrumentos para atacar la problemática, Rubinstein mencionó a los entornos regulatorios y, particularmente, al etiquetado frontal. Sin embargo, advirtió que “tenemos los instrumentos, pero también tenemos los actores. Tenemos que interactuar con muchos otros actores que tienen otras perspectivas y otros intereses”. Por ello, aseguró que “tenemos que tener el apoyo de la sociedad en general para poder empujar estos temas. En eso estamos”.
Rubinstein aseguró que la obesidad “es el principal problema de salud pública de nuestro país” y que por ello lanzaron el Plan Salud en la Infancia y buscan mejorar la calidad nutricional de las personas en situaciones de vulnerabilidad. En cuanto al ámbito regulatorio, destacó la resolución de entornos escolares, a la cual adhirió el Ministerio de Educación, y aseguró que están trabajando junto a la Secretaria de Comercio para poder llegar a un modelo de etiquetado que “responda a los intereses de salud pública”. “Vamos a ver qué pasa, pero estamos en pleno proceso de trabajo”, aseguró.
