La comisión de Comercio de la Cámara Baja, presidida por Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos) se reunió con el fin de debatir la problemática existente en relación a los juicios laborales, la registración de empleados y el impacto en el comercio y las PyMEs, sin tener a la vista ningún proyecto en particular.
Para ello, se recibió como invitado al Dr. Esteban Mancuso, coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio, quien compartió dos elementos que cree «pueden ayudar a tener una mejor ley y uno de ellos tiene que ver con evitar mayor litigiosidad». En segundo lugar, remarcó cuestiones vinculadas con la antigüedad de relaciones laborales no registradas y donde «las tres partes puedan tener una solución» con la posibilidad de «blanquear un trabajador sin que el Estado deje de percibir esos ingresos omitidos, que el trabajador fuera amparado y la posibilidad de acercar estas contribuciones que fueron omitidas en un período de tiempo considerable».
Luego, Juan Ánge Ciolli, representante Central de Entidades Empresarias Nacionales – CEEN, mencionó que más del 80% de los establecimientos tienen entre 0 y 9 trabajadores y que un juicio puede provocar el cierre de una empresa. Asimismo, aseguró que «el tema hay que abordarlo en toda su dimensión» y junto a todos los trabajadores. Mencionó que el formulario 931 y el libro digital de sueldos deberían ser información pública para que «si tienen algún tipo de reclamo se hagan en los tiempos correspondientes y así evitar los juicios y también pensamos que tiene que haber una instancia intermedia en los juicios donde debe haber un sistema tripartito donde participen las Cámaras, los sindicatos y el Estado a través del Ministerio de Trabajo para tener una información clara sobre este tipo de trabajos».
También, expresó que «hay que trabajar en la segmentación de las políticas públicas en materia fiscal, financiera y laboral. No es lo mismo una micro o pequeña empresa que una gran empresa de capital concentrado. Nuestros diputados y diputadas tienen que entender que la peor inequidad es legislar igual para desiguales».
Luego Juan Pablo Diab, asesor del departamento legal CAME aseveró que «es grave la problemática de la litigiosidad laboral» y que «más allá de ver la morigeración de las multas con destino comprobado habría que ver la posibilidad de una instancia intermedia entre el tiempo de reclamo y los plazos que da la ley cuando no es registrado conforme su realidad, que hay veces es y otras no».
Leo Bilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino manifestó, respecto de la litigiosidad, que el 76,4% no tiene conflictividad con el trabajador, el 12,9% tiene problemas con un solo trabajador y el 10,7% tiene problemas con más de uno y «la verdad es que no es un tema significativo para la discusión que estamos trascendiendo en la Argentina y fundamentalmente para la comisión de Comercio que estamos desarrollando. Quiero clarificar que en la Argentina hay 529.000 empresas empleadoras privadas y acá hay que diferenciar lo que decía Juan Ciolli que es legislar para desiguales, el 96% de las empresas tienen hasta 50 empleados y 31% del empleo y solo el 4% de las empresas tienen más de 50 empleados y el 68,6% de empleo, entonces son agendas diferentes, digo esto porque hay que dar una discusión sobre la simplificación laboral». «Creo que hablar de un régimen simplificado laboral para las empresas más chicas tenemos que dar con todos los actores sentados en la mesa y con el tiempo que se necesita para dar un resultado positivo». «Los puntos que exacerban la litigiosidad laboral tiene que ver con la coyuntura económica» y eso está con respecto a la exagerada inflación y «eso tenemos que estar hablando en esta comisión de Comercio».
William Borgo, presidente de la Asociación de Citricultores Chajarí de Entre Ríos expuso que el sector cuenta con una litigiosidad laboral importante y que «la solución está en la política» debiendo haber normas distintas para grandes o pequeñas empresas.
Más tarde, Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios – APYME, formuló que «los derechos de los trabajadores no tiene nada que ver con los problemas de las PyMEs. Un país puede desarrollar su sector PyME sin tocar los derechos de los trabajadores. Y vinculado a los juicios, es claramente un tema insignificante cuando la actividad del país va para adelante y cuando la crisis golpea, uno busca culpables en todos lados y los trabajadores ligan lo que corresponde». También formuló que «se nos ocurre que las multas no sean tan atractivas o se reduzcan y que no destruyan un empleo. La segmentación es fundamental para legislar en este sentido y no desconocer que los problemas de fondo no está en los derechos de los trabajadores sino en la mala interpretación de las leyes vigentes».
Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes contó que «esto sí impacta al comercio, si nosotros no sabemos cuál va a ser nuestro rumbo difícilmente vamos a saber cómo va a ir nuestro comercio hacia adelante. Por otro lado, no es lo mismo ser PyMe en Buenos Aires que en el Norte Grande o en una región poco federalizada y habría que actualizar el decreto 814 y tendríamos que tener un sistema promocional de ocupación para tratar que no todo vaya a caer a la Capital Federal». En este sentido, observó que no se puede tratar con la misma vara «al pequeño restaurant que no tiene continuidad en su vida de trabajo» y una empresa de «la Capital Federal».
El diputado Eduardo Fernández, Vicepresidente 1º de APYME, sostuvo que se debe realizar una segmentación de las políticas «con claridad» en favor del trabajo registrado y «de la Argentina toda».
Diego Guerri, presidente Metalúrgico JMD S.A. declaró su decepción con la política y su sentimiento del olvido de la política «con los empresarios que dan trabajo y que todo el tiempo estamos siendo castigados». Dijo que los juicios laborales existen entre los que crean trabajo y quienes van a trabajar creado por la ley laboral porque «nos hacen absolutamente responsable de todo lo que suceda al empleado y también es un desequilibrio en las indemnizaciones». «Tenemos que ver como hacemos para que contratar sea más fácil y no sea una carga para quien quiere generar trabajo porque sino vamos a seguir teniendo una desocupación más alta».
Mariano Cáceres, Vicepresidente y CEO de Calarca S.A. Industria Química contó «las legislaciones más laxas son las que tienen menos desempleo y menos conflictividad laboral». «Si tenemos una movilidad donde es fácil entrar a trabajar y es fácil salir no vamos tener prurito en contratar porque va a ser fácil salir» y que «existen los seguros… Por qué no podemos pensar en cuanto se ha pagado de indemnización respecto de la masa salarial total que se ha pagado en el país? Y podríamos ver que eso tiene un ratio que puede ser cubierto por una tasa que pagara el empleador y que se cubriera con un seguro».
Victor de Francesco, Secretario del Peso Comercial Quilmes explicó que para salir «adelante» hay que reactivar el mercado interno y reformar la ley laboral, mesa de consenso mediante. Por último, el Dr. Marcelo Perretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéutico y Bioquímicos también anunció que está a favor de la reforma de ley laboral y que la solución está en los Convenios Colectivos de Trabajo que hay que modernizar, que cree «es una decisión política, porque cuando me siendo a negociar con la patronal tengo que entender que la realidad es distinta en distintas regiones del país y cuando yo comprendo esto y negocio eso desaliento el trabajo no registrado».
Al momento de las expresiones de los diputados, Fabio Quetglas (UCR – Buenos Aires) manifestó que una de los miedos más fuertes de las empresas en la contratación laboral y que habría que ajustar la regulación laboral en ese sentido. Luego Mónica Frade (Coalición Cívica – Buenos Aires) mencionó que está de acuerdo con el seguro y que «los negocios los hacen la mafias de las ART». Asimismo, Germán Martínez (Frente de Todos – Santa Fe) aseguró que la convocatoria es «algo extraña» porque los temas tienen que ver con las competencias de la comisión de Legislación del Trabajo. Por otro lado, expuso que el oficialismo «no quiere dejar ningún espacio de debate vacío».
Luego, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos – CABA) acordó en que el temor a emplear «es lo primero que me mencionan en este momento las PyMEs» y que la reforma debe ser «de ahora en más». El problema, según dijo, «que lo más trágico de Argentina en los últimos años es que el empleo ha crecido y la economía no ha crecido y esto es porque baja la productividad. Ese problema está en el corazón del fracaso organizativo de nuestra sociedad y me parece que es el corazón del debate que nos debemos».