Esta tarde se reunieron los senadores de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado para recibir al Dr. Martín Becerra y al Dr. Guillermo Mastrini, quienes presentaron el Policy Paper “La convergencia de medios, telecomunicaciones e Internet en la perspectiva de la competencia: hacia un enfoque multicomprensivo” –publicado por la UNESCO-. El Dr. Henoch Aguiar y la Lic. Natalia Calcagno comentaron el trabajo.
Estuvieron presentes los diputados Pablo Carro (FPV – Córdoba), la Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Norma Morandini, el Encargado de la Defensoría del Público, Emilio Alonso, y el ex diputado Osvaldo Nemirovsci.
Al comienzo de la reunión, el senador Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos – Chubut) celebró el encuentro y aseguró que «hay un nuevo ecosistema en el mundo que obliga a redoblar esfuerzos y trabajar el tema desde los Estados”. A su vez, lamentó que muchos lugares del país “se quedaron sin espejo cultural (…) mientras que unos pocos son los dueños de las telecomunicaciones.” En relación con el policy paper, Luenzo consideró que “permite salir de la mirada economicista que tiene todo lo que se juega en este campo. Nos da instrumentos para seguir discutiendo la convergencia y con estas herramientas llegar a un nuevo gobierno que discuta de base qué política comunicacional queremos en Argentina”.
Luego, en forma virtual, Guilherme Canela de Souza Godoi, representante de la UNESCO, sostuvo que dicha Organización “tiene una preocupación permanente con las políticas que son necesarias para la efectiva promoción de un sistema mediático con pluralidad”. En particular, expresó su preocupación por “la concentración de los medios y el rol de los organismos reguladores en esta materia”. Para Souza Godoi, los organismos reguladores de defensa de la competencia deben involucrarse en “la discusión sobre la concentración de los medios”.
A su turno, Guillermo Mastrini presentó el trabajo realizado. “El trabajo que presentamos cruza cuatro temas: la libertad de expresión, la convergencia, la defensa de la competencia y el gobierno global” y procura poner en diálogo a la libertad de expresión con la competencia, explicó. En relación a la defensa de la competencia, el académico aseguró que las tradiciones clásicas no pueden dar respuestas a la irrupción de las redes sociales. “La filosofía predominante en la defensa de la competencia es el bienestar del consumidor (…) está centrada en el tema de los precios”, continuó. Sin embargo, para Mastrini, dicha tradición no permite abordar el fenómeno de las redes sociales “donde el precio no es un factor fundamental”.
Sobre este punto dio como ejemplo la “absorción de WhatsApp por Facebook” que instaló un modelo de gratuidad absoluta. “Hay un beneficio en el esquema del precio (…), pero no se cuestiona qué pasa en términos de uso de datos”, ejemplificó. De este modo, para Mastrini “el beneficio del consumidor no puede ser considerado exclusivamente en términos de precios”. El autor del policy paper planteó cómo es posible traducir la defensa de la competencia en libertad de expresión. A su vez, argumentó que, desde las décadas de los años 80 y 90, muchos países “se fueron corriendo hacia la noción de bienestar económico”. Ante ello, alertó que “el riesgo es que si asimilamos este criterio en materia de regulación de los medios de comunicación ninguna concentración puede ser riesgosa”.
Además, el investigador cuestionó la efectividad de los organismos reguladores para evitar las concentraciones: “¡Que los organismos de defensa de la competencia defiendan algo alguna vez!”, ironizó. “En materia de comunicación y cultura hay un bien especifico que proteger. (…) Uno de los problemas de la regulación en Argentina es que los organismos de defensa de la competencia -a excepción de México- consideran a la comunicación y la cultura como una mercancía más. Esto es un problema porque tienen un valor distinto que es la libertad de expresión”, aseguró.
Posteriormente, Martín Becerra sostuvo que, en el contexto de la convergencia de las telecomunicaciones, “era imprescindible situar este debate con una perspectiva latinoamericana”. Para el experto, este fenómeno acelera la tendencia “más concentradora de propiedad, capitales, datos y audiencia”. Por ello, “es un desafío de las políticas públicas introducir la competencia en sectores que están cada vez más concentrados”. Según Becerra, “la concentración excesiva erosiona la competencia y degrada los derechos de libertad de expresión del conjunto de la ciudadanía”.
El autor del paper se refirió a una publicación de The Economist sobre el abordaje predominante en materia de defensa de la competencia en los países centrales. Allí se detectaron tres problemas, desarrolló:
- “La falta de curiosidad (…) porque los organismos reguladores no relacionan en los análisis técnicos las tasas extraordinarias de ganancias con las adquisiciones, fusiones y el abuso de posición dominante”,
- “La falta de claridad de la definición de competencia porque el énfasis puesto en el bienestar del consumidor tuerce la atención sobre los otros eslabones y omite el hecho de que los consumidores pueden estar afectados en mercados aún cuando bajan los precios”,
- “La endogamia entre reguladores y grandes participantes de los mercados que son regulados por ellos”.
Becerra comentó que se pusieron en contacto con las autoridades locales y “hay muy poco interés en incorporar la especificidad de la comunicación y cultura” en materia de defensa de la competencia. En el mismo sentido advirtió que históricamente “no hemos tenido en Latinoamérica reguladores sectoriales legitimados, claros y consecuentes, para el sector de medios de comunicación”.
Asimismo el investigador expuso las recomendaciones que contiene el trabajo:
– “Reconocer que el sector tiene externalidades que no son captadas por los criterios más economicistas de las teorías de la competencia”,
– “Necesidad de que las agencias estatales cuenten con una perspectiva antitrust”,
– Implementar políticas de capacitación de recursos intelectuales en relación con la libertad de expresión,
– “Revisar la división de tareas entre intervenciones ex ante del regulador de comunicación e información y de la intervención ex post con la que intervienen los organismos de defensa de la competencia” porque “cuando se interviene después se interviene mal (…) porque la situación ya está consumada”.
Más tarde, Henoch Aguiar, Director de Arsat, presentó al ente que preside como “caso virtuoso de continuidad de políticas públicas” y opinó que “la especificidad de la infocomunicación necesita un abordaje especial de la competencia”. Para Aguiar “hace falta, además de la competencia, una regulación específica” porque “la diversidad no es un derrame de otras políticas, es un propósito determinado”. Respecto al trabajo, cuestionó las ideas de ‘esfera pública’ y de los medios como ‘cuarto poder’ porque son conceptos “viejos”. “Los medios están desnudos frente a Internet (…). Amazon, Google intentan tener hasta algunas redes propias para difundir su contenido para que nadie pueda bloquear sus redes internacionales”, argumentó.
Mientras tanto, la Lic. Natalia Calcagno, Socióloga especializada en economía cultural, dijo: “la revolución digital se desplegó de manera tremenda” y sostuvo que “hay una convergencia entre cultura y comunicación que es necesario atender”. La especialista expresó su preocupación por “los estragos que genera la digitalización” porque “la industria cultural muestra bajas impresionantes en los porcentajes del consumo -20% en tres años-“. Según explicó, dicho fenómeno “va de la mano con un crecimiento de los contenidos culturales desde las pantallas de los celulares”. La socióloga preguntó: “¿Qué eficiencia pueden tener las políticas de defensa de la competencia para generar diversidad?”.
Según Calcagno existe una tensión entre la idea de defensa de la competencia de tradición neoclásica -que fija su atención en precios y calidad- y la intervención sobre los contenidos para garantizar la diversidad. En sus propias palabras, “la regulación de contenidos es una enorme restricción a la libertad de mercado”. A su vez, destacó que los bienes culturales son únicos e irrepetibles por lo que su consumo también asume características particulares: “la competencia está mediada por la selección del demandante de productos que desconoce y que nunca van a ser igual al otro”. Calcagno invitó a repensar la regulación que debe adoptar Latinoamérica en el contexto de la convergencia y alertó por “la pérdida económica del lado analógico”. “Si no reorganizamos la forma de circulación del ingreso cultural hay una pérdida en términos económicos”, enfatizó.
Al finalizar las exposiciones, el senador Luenzo afirmó que “a quienes nosotros pretendemos regular tienen absolutamente claro hacia dónde quieren ir”. Por otro lado, comentó que hay pueblos de la Patagonia Argentina donde no hay Internet y señaló que “no hay que perder de vista detrás de todo este debate que hay gente en Argentina que no se apropia absolutamente de nada, ni siguiera del 2G”. En la misma línea, aseguró que “cuando no hay regulación, no hay servicio o el poco que hay es tres veces más caro. Creo que ahí es donde tiene que intervenir el Estado”. “El Estado tiene que avanzar, intervenir y regular, y en esa línea voy a definir mi tarea como parte de la responsabilidad que tiene la cosa pública”, concluyó.
Al cierre, Mastrini coincidió en que “la prestación de servicios cuasi-monopólica hace que el mercado se rija por la idea de ganancia y, donde no hay ganancia, no hay servicio”. A su vez, aseguró que “en la economía las redes se llevan todo y el que tiene posición dominante aprovecha para ser más dominante”. “Estas empresas usan sus datos para afectar a sus empresas competidoras. Amazon tiene como principal fuente de ingreso el alquiler de web (…) y es usado por empresas que compiten con Amazon. Google y Amazon tienen claro que el uso de los datos les sirve para incrementar su poder”, desarrolló. Por su parte, Aguiar advirtió que no se conoce “cómo se trabaja con nuestra información para los poderes políticos y económicos”. Por ello, propuso volver a preguntar “qué información nos dan aquellos que utilizan nuestra información”.
A continuación, Becerra destacó que “el mercado no tiene por función proveer diversidad. Es el Estado el que tiene que velar por una cultura diversa y plural, se necesitan políticas públicas”. A su vez, planteó la necesidad de incorporar a las políticas públicas de comunicación la defensa de la competencia. Por último, Calcagno propuso discutir estas temáticas regionalmente, en el marco de Latinoamérica.
