Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General recibieron a la Directora de la Oficina Anticorrupción (OA), Lic. Laura Alonso, y al Secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, con el objetivo de abordar el proyecto de Ley sobre Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Alonso aseguró que la Ley de Ética Pública «viene a operativizar el artículo 33 de la Constitución» y que es un «imperativo constitucional». Además, explicó que el proyecto «clarifica y actualiza la normativa» y «subsana la controvertida reforma parcial de 2013», vinculada principalmente al régimen de declaraciones patrimoniales juradas.
La iniciativa «regula de manera integral y uniforme la ética en el ejercicio de la función pública para todos los poderes del Estado», desarrolló la funcionaria. Según la titular de la OA, la norma contempla «un sistema de autoridades de aplicación» e invita a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a adherirse.
Alonso destacó que la propuesta del Ejecutivo «brinda un catálogo completo de principios generales» y prevé «deberes éticos específicos» de carácter obligatorio. Respecto del régimen de declaraciones juradas de funcionarios públicos, el proyecto propone ampliar y clarificar el contenido a declarar, tanto en lo patrimonial, como en lo relacionado a intereses económicos, comerciales y sectoriales. Según la iniciativa, las autoridades de aplicación deben verificar anualmente las declaraciones juradas de los funcionarios.
El proyecto también contempla dos tipos de conflictos de intereses: reales y potenciales. Los reales incluyen la prohibición de realizar una actividad en el ámbito privado donde se tengan atribuciones en el ámbito público, según desarrolló Alonso. Mientras tanto, los potenciales regulan el deber de abstención respecto a la posibilidad de intervenir en asuntos particulares relacionados a las empresas en las que el funcionario tenga participación o con las personas a las que haya prestado servicios en los últimos 3 años.
