En el día de la fecha, los diputados de las comisiones de Agricultura y Ganadería; Legislación General; y  Presupuesto y Hacienda se reunieron para continuar con el tratamiento de los proyectos de modificación de la Ley de Semillas.

El presidente de la comisión de Agricultura, Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos) informó que «el motivo de la reunión en conjunto es intentar lograr (…) un dictamen», y que se van a llevar a cabo varias reuniones informativas los días martes para escuchar a todos los sectores interesados. Por su parte, el diputado José Ruiz Aragón (FvP-PJ – Corrientes) propuso realizar foros regionales para llevar adelante el tratamiento de los proyectos.

Luego, los diputados recibieron al Subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura de Chaco, Ing. Jorge García. El funcionario se refirió a la producción de algodón en la provincia y sostuvo que  en los últimos 38 años se produjeron muchas variedades de la semilla de algodón, y «hoy la semilla que se siembra corresponde a una o dos variedades que representan el 70% de lo que se siembra». Por otro lado, explicó que para poder sembrar el algodón necesita de un proceso de deslintado químico y «eso es una herramienta enorme para los organismos del Estado para fiscalizar y controlar el uso de esa semilla». Sumado a ello, según informó García, a partir de la obligatoriedad de Registro de Usuarios de Semilla (RUS) se produjo un aumento de la semilla fiscalizada.

Más tarde expusieron representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quienes aseguraron que la reforma a la Ley tiene que alcanzar a todas las semillas, y que es necesario defender el derecho de uso propio del agricultor. Por otro lado, sostuvieron que el Estado debe participar a través de herramientas fiscales y que deben modificarse varias normativas para conseguir inversiones en el sector y garantizar el acceso a las semillas. «Se deben reconocer los derechos que tiene el que trabajó en el germoplasma y del que tiene la patente sobre el gen», sostuvieron. Según CRA, todos los derechos de propiedad intelectual deben ejercerse sobre la semilla. Además propusieron establecer en la Ley de Patentes Industriales la caducación de una patente al momento de inscribir una nueva variedad. Por último, sugirieron trabajar sobre el costo de la semilla fiscalizada a  través de la reducción de la alícuota del IVA, y agregando en el impuesto a las Ganancias una deducción especial imputando como gasto un adicional de la facturación de la semilla fiscalizada.

Seguidamente, el vicepresidente de CONINAGRO, Egidio Mailland, comentó que en el campo hace varios años que se comenzó a utilizar tecnología amigable con el medio ambiente y que la tecnología ayudó a los productores en sus rendimientos. A su vez, expresó que quiere tener la libertad de poder elegir y la opción de comprar semillas que quiere utilizar.

Luego, expuso el profesor Gustavo Rausch de la Facultad de Agronomía. El académico consideró que es imprescindible definir qué mecanismos de decisión se generan para orientar a nuestros organismos de investigación y desarrollo, sobre qué investigar y qué desarrollos promover. También expresó que existe una gran concentración en el sector y detalló que Monsanto tenía 27 empresas y Bayer 21, hasta que se fusionaron. Mientras que Dow y Dupont se fusionaron en Brevant, y Syngenta y Nidera en ChemChina. Es por ello que, según Rausch, la investigación y desarrollo no puede estar únicamente «en sus manos», si se esperan productos de la ciencia orientados al bien común. El profesor propuso la creación de un fondo de mantenimiento de la biodiversidad de los cultivos y explicó que los pueblos originarios y las agriculturas familiares son los que en mejores condiciones están de llevarlo adelante. Respecto al derecho de uso, sugirió dar libertad al productor para elegir si conservar su semilla o adquirir una nueva.

A continuación, Adrián Vera, en representación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, opinó que «la investigación y el desarrollo en metodologías que permita obtener la mayor cantidad de rendimiento con el menor consumo del medio productivo van a ser imprescindibles». Esto hace que la semilla tenga un rol todavía más importante». A su vez, consideró que «en los puntos centrales siempre hay coincidencia» entre los diferentes actores, y dio como ejemplo al derecho de  uso propio. Sobre este último aseguró que debe garantizarse siempre y cuando no afecte los «derechos de los otros».

Mientras tanto, el Ing. Agr. Eladio Rubén Delfabro, desde la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos (FADIA), destacó la necesidad de cuidar la biodiversidad y consideró que la Ley debe regularizar el mercado para equilibrar los intereses de las partes. En particular el especialista propuso: compra de regalías sólo en la bolsa; uso propio acotado; el INASE con poder de policía para fiscalizar y la Ley debe ser de orden público.

Más adelante, Julián Echazarreta de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), resaltó la importancia de la biotecnología para incrementar la producción y mejorar las semillas. Además considero que «es necesario mantener el uso propio, es aceptable el uso de regalías. Debemos pensar en un uso propio oneroso». Para ACA, el pago único debe comprender la tecnología y el germoplasma, y la Ley no debe ser de orden público porque debe darse autonomía a las partes. Actualmente «no sé paga la propiedad intelectual y eso afecta a la industria semillera», concluyó.

Por su parte, Santiago Casares, en representación de un criadero del Chaco que produce semillas fiscalizada de algodón, se preguntó porqué son «el único criadero de algodón». No hay defensa de los derechos de obtentor y no hay interés en competir, se respondió. Además calificó a la Ley en discusión como de «eficiencia y competitividad» y anunció que «por primera vez Argentina está perdiendo la carrera en la producción de alimentos». «El principal beneficiario de la regulación del mercado de semillas es el productor», aseguró. «Lo que tenemos que hacer es empoderar a nuestras instituciones de investigación y darles un marco legal para que puedan introducir a los nuevos eventos que hay en el mundo», concluyó.

Seguidamente, los representantes de Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM) comentaron que han trabajado en el proyecto de Ley presentado por Luis Contigani (Fte. Progresista Cívico y Social – Santa Fe), al cual calificaron como «innovador» porque abarca toda la cadena de producción de semillas. La iniciativa incluye al semillero multiplicador, «que actúa como nexo entre el criadero obtentor y el usuario». La Ley debe ser de orden público y el INASE el único organismo que pueda regular el mercado de semillas, afirmaron. También propusieron la creación de registros de usuarios autorizados a hacer un uso propio gratuito. Sobre este último punto argumentaron que el derecho de  uso propio debe ser gratuito para los productores que se encuentren en una categoría no mayor a la micropyme. «Nos oponemos abiertamente al uso propio oneroso e ilimitado» porque significa «que no habrá certeza en la verdadera oferta y demanda de las variedades, ya que el control de la información solo estará en manos de los dueños de la tecnología», señalaron.

Al momento de tomar la palabra, Eduardo Nervi, representante de la Cámara Argentina de Maní, argumentó que la Ley no debe ser de orden público y debe: incentivar al desarrollo de tecnología para una semilla con un ciclo corto; incluir la obligación de remunerar a las obligaciones que desarrollan tecnología; limitar el uso propio de forma «coherente» y establecer que las normas sean fiscalizadas por INASE, pudiendo delegar su competencia en entes privados cuando sea necesario.

Por último, Armando Casalins de la Federación Argentina de Acopiadores de Grano, destacó que en el mes de diciembre se firmó un acuerdo de entendimiento entre «casi todos los sectores», al cual adhieren. Allí se dijo que «habrá uso propio oneroso y que se fijarán las regalías de las próximas tres campañas», es un «avance sustancial», consideró Casalins.