En la madrugada del 21 de diciembre, el Senado aprobó la Ley de Solidaridad con 41 votos a favor, 23 en contra y la abstención de la senadora Clara Vega.
Al comienzo del debate, el senador nacional Carlos Caserio (Frente de Todos – Córdoba) defendió la necesidad de la declaración de la emergencia en virtud del incremento de los niveles de pobreza, indigencia, inflación y deuda externa, y la caída de la producción y de la actividad económica. “Estamos en una situación realmente grave, por eso la emergencia (…). Es la acción para salir rápidamente de este problema, es la Ley para poner Argentina en movimiento”, aseguró.
Mientras tanto, para el senador nacional Esteban Bullrich (Cambiemos – Buenos Aires) consideró que el proyecto de Ley en tratamiento “ignora a las instituciones” y “hace de este Congreso una herramienta inútil para la construcción de consensos”. A su vez, aseguró que el objeto de la iniciativa es delegar “superpoderes” al Ejecutivo, vulnerando la “división de poderes”.
Habiendo jurado como senador, Martín Lousteau (Cambiemos – Ciudad de Buenos Aires) coincidió con el diagnóstico del oficialismo al afirmar que “Argentina está en una situación de extrema fragilidad, y sí tenemos una emergencia”. Sin embargo, cuestionó el alcance de la emergencia y las medidas propuestas por el Frente de Todos para su atención. Para el economista, el contenido del proyecto “es equivalente a un impuestazo de dos puntos del PBI (…). ¿Qué es 2 puntos del PBI? 660 mil millones de pesos. De los cuales el 90% se los va a apropiar el Estado nacional; equivale a aumentar los recursos del Estado nacional en 10%”.
El jefe de bloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (Tucumán) reconoció que el presidente Alberto Fernández, «tiene derecho a fijar su hoja de ruta» para gobernar, sin embargo, sostuvo que «esta es una ley de ajuste enorme, con mayor carga tributaria y, además, otro factor es que la variable de ajuste son los jubilados».
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