Se discuten en el Senado iniciativas sobre usurpación de la identidad virtual

Se reunieron los senadores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión para considerar un conjunto de proyectos de Ley referidos a la usurpación de la identidad virtual:

  • Expte. 163/17 de la senadora Fiore Viñuales: reproduce proyecto de Ley modificando el Código Penal, tipificando los delitos de publicar por medios informáticos las imágenes de personas en actividades sexuales y el robo de identidad.
  • Expte 2449/18 del senador Miguel Ángel Pichetto (PJ – Río Negro): proyecto de Ley que modifica el Código Penal, sobre tipificar la usurpación de la identidad virtual.
  • Expte 2630/18 del senador Lovera: proyecto de Ley que incorpora el art. 139 ter al Código Penal por el cual se tipifica el delito de suplantación de identidad digital.
  • Expte. 2722/18 de la senadora Elías de Pérez: proyecto de Ley que incorpora el art. 139 ter al Código Penal por el cual se establecen penas por suplantación de la identidad digital.

A tales efectos, asistieron invitados para exponer sobre las políticas de privacidad de las diferentes plataformas.

En primer lugar, Juan De Dios Batiz García, Director de Políticas Públicas para Latinoamérica de Facebook, destacó que Facebook es utilizado por más de 2000 millones de personas en todo el mundo, y que las normas políticas de seguridad fueron desarrolladas con el “objetivo de dar a las personas el poder de conectarse y crear comunidades”. Para Batiz García “navegar la línea de promover la libertad de expresión y mantener a la comunidad segura” es un gran reto que tiene la empresa.

“En el último año, la empresa duplicó el número de personas que trabajan con el objetivo de proteger a los usuarios, haciendo cumplir la política de datos y publicidad”, aseguró el representante de Facebook. Además, desarrolló tres políticas particulares de la empresa:

  1. Política de identidad real: La empresa entiende que las personas se comportan de modo más responsable cuando utilizan su identidad real. Por eso, Facebook exige la utilización del nombre con el que el usuario es reconocido en su comunidad.
  2. Política referida a las figuras públicas: Facebook prohíbe la existencia de perfiles impostores sobre figuras públicas, siempre que existan pruebas para demostrar que ese perfil no es verídico. La empresa permite algunas páginas con nombres distintos al del usuario que los creó, por ejemplo, las páginas de clubes de fans o de sátiras.
  3. Trabajo para prevenir suplantación de identidad: La empresa incrementó la cantidad de trabajadores dedicados a las políticas de seguridad de la plataforma.

La senadora Inés Brizuela y Doria de Cara (Cambiemos – La Rioja) preguntó cómo la empresa garantiza la identidad real del usuario. El representante explicó que la plataforma tiene una opción para reportar cuentas falsas, y que invierte en tecnología para identificar cuentas falsas y suplantación de identidad.

Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti (FpV – Mendoza) preguntó cuántas denuncias hay por año en materia de usurpación de identidad en Argentina; cómo es la legislación comparada; y cómo alcanzar buenos resultados sin penar penalmente la usurpación. El representante de Facebook expresó que no tienen el dato sobre cuántos reportes recibieron por usurpación de identidad. Por otro lado, aseguró que Facebook no se opone a la regulación, y que está debe ser “sensible” y “no inhibir la innovación”.

Luego, Hugo Rodríguez Nicolat, Responsable de Política Pública de Twitter Latinoamérica, aseguró que la plataforma busca garantizar la seguridad de sus usuarios, pero, al mismo tiempo, el marco legal reconoce que los usuarios son responsables de lo que publican. Respecto a la suplantación de identidad virtual, aseguró que Twitter prohíbe dicho accionar. Igualmente, las personas pueden denunciar la suplantación en la plataforma y Twitter investigará el reporte. Por otro lado, se refirió a las insignias azules de identificación, e informó el compromiso de la empresa a revisar estas cuentas en el caso de los funcionarios públicos. Finalmente, Nicolat opinó que Twitter no puede garantizar la identidad de todos los usuarios sin poner en riesgo una comunicación pública saludable en la plataforma. No obstante, reafirmó el compromiso para mejorar las “métricas de salud” de Twitter.

Luenzo le preguntó al invitado si Twitter no debería asumir algún tipo de responsabilidad por los usuarios damnificados. Nicolat aseveró que la compañía tiene un compromiso con la comunicación pública y que da herramientas claras para reportar casos de usurpación de identidad. El senador respondió que muchas veces la inmediatez no subsana el daño causado y realizó una analogía con los periódicos, dónde hay un editor responsable. A su vez, se preguntó por qué no debería ser del mismo modo en las plataformas digitales. El representante de Twitter argumentó que los usuarios son los que crean los contenidos y son los responsables por la interacción que realizan, y respecto a las interacciones “no deseables”, la plataforma establece reglas y sanciones. “Este espacio público y horizontal’ existe bajo este marco legal que hace que los usuarios sean responsables por los contenidos que producen, afirmó Nicolat.

Más tarde, el Dr. Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, problematizó al concepto de usurpación de la identidad virtual y señaló que en la Ley de Protección de Datos Personales vigente existe la posibilidad de ejercer el derecho de acceso y supresión de datos personales. También, recordó que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de Datos Personales que “prontamente estará en tratamiento”. Al finalizar su exposición, Luenzo preguntó si no debería ser el Estado el que controle las plataformas, en lugar de ser éstas las que brindan mecanismos de denuncia. Bertoni respondió que ante una violación de derechos el Estado debe intervenir, pero que la vía privada es una herramienta útil.

A su turno, el Dr. Enrique Del Carril, director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, destacó que en los 70 mil casos de grooming en proceso se encuentran con perfiles falsos. El especialista comentó que muchas veces “detectamos perfiles falsos cazando en las redes a nuestros niños y a veces no podemos hacer nada hasta que el ñiño sea cazado”. Asimismo, opinó que es muy loable la idea de todos los proyectos, pero no todo perfil creado debe ser pensado como un delito y “habría que pensar también en los distintos formatos de las plataformas”.

Posteriormente, el Dr. Daniel Monastersky, Abogado Especialista en Delitos Informáticos, recordó que él fue el primer autor de un proyecto sobre usurpación de identidad digital y que nisiquiera fue tratado. El letrado opinó que los derechos del individuo no pueden ser dejados de lado por el interés público y que ninguno de los proyectos es suficientemente correcto, pero se puede hacer un “mix”.

A continuación, el Dr. Hernán Gonçalvez Figueiredo, Secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral, comentó que el organismo realiza auditorías sobre las redes sociales respecto a la propaganda electoral y destacó la utilización de datos para realizar campañas microsegmentadas. El uso de cuentas falsas o la usurpación de la identidad puede tener efectos en la formación de la decisión política, advirtió. También se preguntó si por esta vía no podrían afectarse derechos políticos. Por todo ello consideró muy interesante la discusión.

Por último, el Dr. Horacio Azzolin, Titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, comentó diferentes casos de ciberdelincuencia. Además, opinó que la legislación vigente cubre algunas cuestiones que se mencionan en los proyectos: delito de estafa en el Código Penal; uso indebido de una marca en la Ley de Marcas y Patentes; usurpación de autoridades; grooming; la tenencia y el uso de un instrumento ajeno; y falsificación de documentos para acreditar identidad. “Pero hay cosas que no están gobernadas”, señaló, y opinó que la identidad virtual debe ser protegida. “La sanción de esto nos va a permitir atacar con mayor eficacia conductas que después pueden convertirse en fraude”, completó

2018-10-04T10:03:28+00:00octubre 2nd, 2018|Desde el Ágora, Destacadas|