Última ronda de expositores sobre Ley de Semillas

Los diputados se reunieron para continuar con el tratamiento de la reforma al Régimen de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. A tales efectos volvieron a recibir a especialistas y sectores interesados.

En primer lugar, Ivan Páez y Guillermo Pugliese, de la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan (FECOAGRO), aseguraron que es “muy difícil” obtener nuevas variedades y cuidar nuevas variedades de semillas. A su vez consideraron que debe estar regulado el mercado de semillas, y que el INASE debe ser el órgano de control. “La futura Ley de semillas debe ser abarcativa para todo tipo de producciones (…) y tiene que estimular la creación fitogenética y a los mejoradores”.

Luego, el prosecretario de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Pablo Lozano, opinó que la semilla es el “insumo estratégico” de la cadena generadora de divisas en nuestro país, y que “tiene un altísimo valor agregado”. “Solo el 20% de la superficie sembrada con semillas son fiscalizadas”, dijo. En la misma línea, sostuvo que por no tener una Ley moderna crecemos solo al 1% en mejora genética en soja y trigo, mientras que Brasil crece al doble. Según el orador, la nueva Ley de semillas no debe ser de orden público, “porque no involucra valores o intereses que la sociedad tiene sobre la moral, la tradición” y el uso propio “es un arraigo cultural, debe ser oneroso, y tener excepciones muy marcadas”. Además, para Lozano, el Estado debe controlar el cumplimiento de la Ley y fiscalizar a partir de INASE. “Este debe tener facultades para subcontratar algunas tareas y focalizarse en el control”, consideró. Finalmente, opinó que “hay que generar fondos para mantener la biodiversidad de germoplasma, y fomentar investigación y desarrollo”.

Posteriormente, Juan Balvin del INTA consideró que es necesario fomentar la mutagenesis, la biotecnología y la edición genética. Para el expositor, la Ley debe fomentar la realización de contratos privados porque genera una “descomoditización”.

En representación de la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idigoras, manifestó que es necesario invertir para seguir posicionados como líderes mundiales, y competir con Brasil y Estados Unidos. A su vez, afirmó que hay que incrementar el rendimiento y la capacidad. “Para ello se necesita en la soja un germoplasma que de respuesta a estas demandas internacionales”, sostuvo. Por último, informó que Paraguay, Brasil y Uruguay tienen planes de lanzamiento de tecnología que Argentina no tiene.

Mauricio Sánchez, en representación de la Asociación Argentina de Productores de Semillas (APROSEM), propuso promocionar los desarrollos nacionales a través del INASE y privados, asegurando los derechos del obtentor. Además, para Sánchez, el organismo que debe fiscalizar es el INASE, controlando el origen de la semilla, el lote durante la producción, la cosecha del lote, y el procesamiento y acondicionamiento final.

Desde el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, aseguraron que la Ley de Semillas es la mejor política de transparencia que puede tener la Provincia. Además, consideraron que es necesario fomentar procesos de innovación, generar mayores incentivos a la inversión, dinamizar la inversión más allá de la soja y los mecanismos de control deben ser simples. El funcionario presente compartió una encuesta que muestra que los agricultores de la provincia de Buenos Aires están de acuerdo con el derecho a usar su de semilla para la próxima siembra. Por otro lado, “multiplicar una semilla debe ser considerado un costo que debe corresponder al obtentor”, expresó.

Por la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), Guillermo Pozzi Jáuregui dijo que “toda actividad innovadora debe gozar de una retribución por ese trabajo”. En la misma línea, argumentó que un apropiado reconocimiento de la propiedad intelectual alienta el desarrollo de tecnologías superadoras en la aplicación en la genética vegetal, favorece la multiplicación de actividades vinculadas al mejoramiento genético y la multiplicación de semillas, atrae actividades científicas e industriales, y promueve la competitividad de la tecnología aplicada a la agricultura. Por otro lado, propuso el reconocimiento del uso propio de semillas; el reconocimiento del derecho de retribución por el uso de genética y tecnología en el uso propio (con excepción de los productores de pueblos originarios y agricultura familiar, y el uso de variedades nativas y autóctonas); el pago único en cada acto de uso; el valor de derecho definido por el titular en forma anticipada y transparente, y el fortalecimiento del curso por parte del INASE.

La investigadora del CONICET, Tamara Perelmuter, consideró que las organizaciones indígenas y campesinas, y las organizaciones de consumidores deberían ser parte de la discusión de la Ley de Semillas. En la misma línea, consideró que además de ser una discusión técnica, es principalmente una discusión política, y defendió el proyecto de Ley de las agrupaciones campesinas que se basa en el “concepto de soberanía alimentaria”.

Alfredo Paseiro, de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), consideró que es necesario asegurar el derecho de propiedad intelectual de las variedades vegetales y promover el uso de tecnologías en semillas.

La ingeniera agrónoma de la Universidad de Córdoba Julia Carrera, se refirió al mejoramiento genético del garbanzo y aseguró que es “muy duro el uso de semilla no legal”.

Federico Bert, de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), consideró que el mejoramiento genético y la biotecnológico son determinantes para el desarrollo de la agricultura. El desafío es incrementar la producción, resguardando al medio ambiente, afirmó. En el mismo sentido, argumentó que es necesaria más inversión en investigación y desarrollo para alcanzar el objetivo. El marco normativo tiene que asegurar el reconocimiento y la retribución de la inversión en mejoramiento genético y biotecnológico; asegurar el acceso a la mejor tecnología para todos los productores; asegurar la mejora genética continua; y contemplar los acuerdos logrados en el Acta de Entendimiento (2017), expresó Bert.

Luis Zubizarreta, titular de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA) advirtió que nuestro país está perdiendo productividad y aseveró que es necesario el reconocimiento del pago por germoplasma y eventos biotecnológicos, el pago de la propiedad intelectual en la semilla, y aumentar uso de semillas fiscalizadas.

Javier Martinez, Intendente de Pergamino, expresó que es necesario que la nueva Ley debe proteger la tecnología vinculada al agro.

Por último, el ex secretario de Agricultura, Miguel Campos aseguró que nuestra Ley de semillas “es buena”, pero que las nuevas tecnologías obligan a cambiarla. Para Campos es necesario darle el poder de policía al INASE y pensar en un trabajo conjunto de INTA, AFIP e INASE para realizar un control adecuado. En relación al patentamiento, consideró que la Ley de Semillas no es el ámbito para tratarlo porque con la mejora de la capacidad de control “todo empezará a mejorar”. Por último, consideró que el uso propio “no debe ser cobrado”.

2018-10-19T11:15:17+00:00octubre 16th, 2018|Desde el Ágora, Destacadas|