Tras la elección de autoridades para el período 2019, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de Ley que modifica el Impuesto sobre los Bienes Personales, aceptando, de ese modo, las modificaciones venidas del Senado.
Al inicio del debate, el titular de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO – Santa Fe), destacó que los cambios en bienes personales son parte de “una negociación entre el gobierno nacional y las provincias en materia de subsidios de transporte y tarifa social eléctrica”. Asimismo, el diputado santafecino consideró que las modificaciones del Senado son “un alivio fiscal a la clase media, una modificación atinada”.
Mientras tanto, Axel Kicillof (FPV – CABA) aseguró que el Frente Para la Victoria no acompañará el texto porque «plantea cobrarle a los sectores medios el impuesto a los bienes personales, como una forma de pasar la gorra o rascar la olla. Este es el final de la estafa electoral contra la clase media”, criticó. Según el ex ministro de Economía, «los sectores medios ya están liquidados, ya no pueden seguir pagando impuestos”. En la misma línea, Fernanda Vallejos (FPV- Buenos Aires) manifestó que el oficialismo, apurado por el FMI, propone un «parche» para «recaudar algunos pesos y sostener los intereses de la deuda, es un impuesto en contra de la casa media trabajadora”.
Por Argentina Federal, los diputados Jorge Franco y Juan Bahillo expresaron el acompañamiento a la iniciativa y destacaron la importancia de acompañar a los gobernantes provinciales. Mientras tanto, el diputado Daniel Arroyo argumentó que el interbloque Red por Argentina rechazará el texto porque «sube la presión impositiva y los más afectados son los integrantes de la clase media».
En otro orden, se aprobaron una serie de proyectos de Ley: autorización al Presidente de la Nación para ausentarse del país; Ley de Reconocimiento y Protección de las Personas Apátridas; Modificación a la Ley N° 26.473 en cuanto a la prohibición y comercialización de lámparas incandescentes y halógenas; Proyecto de Ley tendiente a regular la implementación de una política pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunación; entre otros.
