En el día de hoy, se llevó adelante la tercera reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, presidida por Carlos Heller (Frente de Todos – Buenos Aires), para tratar el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración nacional para el Ejercicio Fiscal 2023. En función de ello, siguieron con la ronda de  autoridades y funcionarios invitados de distintas áreas del Gobierno nacional.

Al inicio, el Ministro de Defensa, Jorge Taiana, manifestó que el presupuesto tiene limitaciones en función de la situación actual del país, pero que de todas maneras va a permitir cumplir con los objetivos previstos para su sector. En este sentido, la Directiva Política de Defensa (DPD), plantea los puntos  fundamentales de la estrategia de defensa que la Argentina tiene, a saber: defensiva, cooperativa y autónoma.

Aseveró que “La Argentina tiene que tener Fuerzas Armadas y esas fuerzas tienen que estar en condición de garantizar la integridad territorial, la vida de los argentinos, la justicia de nuestra sociedad frente a una agresión externa, la libertad y las riquezas del país, tanto las naturales como las humanas”.

Las prioridades son la modernización, reequipamiento y redespliegue de las FFAA.

Destacó la riqueza del suelo marino, las posibilidades de hidrocarburos que yacen en el subsuelo y, por otra parte, remarcó la importancia de la presencia en la Antártida. En función de esto último, se explayó sobre las marcaciones previstas dentro del próximo presupuesto.

Luego, hizo su presentación el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien comenzó diciendo que nadie eligió ser pobre. También resaltó la red social que permitió, en la crisis de la pandemia, dar sostenimiento a las familias y garantizar la paz social.

Destacó como principio la articulación de sectores diversos, la promoción de la movilidad social ascendente y la inversión en trabajo y producción.  Mencionó la intención de  pasar de un esquema de programa de asistencia social a programa de incentivo del trabajo y la producción, asociando la transferencia de ingresos a la capacitación laboral y el mundo del trabajo.

Siguió el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien expresó los lineamientos generales del presupuesto en su sector. Dijo que “hoy tenemos obra pública cubriendo el 95% del territorio y nos falta muy poco para llegar al 100%”. “Estamos en condiciones de encarar una nueva etapa, entender que hay una oportunidad hacia adelante”.

Asimismo, anunció que la agenda de obra pública y estructura se dispone a apuntalar los ejes de desarrollo que necesita el país. Sostuvo que “Tiene que ver con consolidar las condiciones para que la Argentina pueda encarar procesos de transformación”. Apuntó a que “este presupuesto es el primer  paso a un horizonte de mediano plazo vinculado al crecimiento y al desarrollo”.

Explicó que el presupuesto para su cartera aumentó un 633% comparativamente con el de 2020, y que “son más de 923 mil millones que se consolidan en las regiones más pobres”. Más tarde agregó: “Este presupuesto expresa con mucha claridad cuáles son las prioridades que hoy tiene la Argentina”.

Por otra parte, afirmó que con el presupuesto 2023 prevén llegar a unos 350 km de rutas seguras. Además, habló de dos obras estratégicas: una de ellas en la provincia de Corrientes, con el puente Chaco-Corrientes, que ya está iniciando la licitación. Y la otra, es en la provincia de Mendoza con el túnel Caracoles, para transformarlo y hacerlo apto para el tránsito de carga.

Sobre cómo se distribuyen los fondos y los presupuestos en obra pública, transmitió que se hace “a partir de las brechas, de indicadores que se definen en función de la población, de las necesidades básicas insatisfechas y de indicadores generacionales”…“No es el ministro quien lo decide de manera arbitraria”.

Cerró diciendo: “aquí no hay ninguna manifestación voluntarista, nosotros estamos haciendo ygarantizando la ejecución de un presupuesto en el área. El año que viene va a haber más obra pública que nunca en la Argentina”.

Continuó la reunión con la presentación de Sonia Tarragona, Jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, compartió las principales estrategias del ministerio para el próximo periodo. Comentó que está relacionada a la integración del sistema de salud, y articulada en diferentes ejes, destacando entre ellos el sistema de telesalud y salud digital.

También mencionó el trabajo en la innovación científico tecnológica en salud, con líneas de articulación con diferentes organismos para el desarrollo de productos estratégicos que además fortalezcan la industria nacional y la industria pública, orientada a satisfacer necesidades sanitarias. Seguido, también puntualizó sobre la estrategia de  comunicación en el área.

Anunció que “las vacunas han sido y siguen siendo una estrategia fundamental  para seguir trabajando en prevención de Covid y no solo de Covid sino también la estrategia de recuperar los esquemas de vacunación que se han visto afectados por las dificultades que la pandemia impuso”. “La inversión prevista en el presupuesto para vacunas en 2023, es de  117.300 millones de pesos”.

Sobre la política nacional de medicamentos dijo que se están celebrando veinte años del programa REMEDIAR, resaltó que dentro esa estrategia se incluyen otros programas que aprovechan esa logística para la distribución, como ser: medicamentos para salud mental, para la salud sexual y reproductiva,  para el VIH, tuberculosis, entre otros. Agregó que dentro de esa política se incluyen los procesos cada vez más conocidos y consolidados de evaluación de tecnologías sanitarias.

Prosiguió la presentación el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, que inició declarando que la estructura del presupuesto 2023 es disímil a las anteriores, y es porque en 2021 se estableció de acuerdo a una situación crítica enfatizando en que hoy hay un cambio absoluto en esas cuestiones.

Expresó su beneplácito sobre la asistencia a la regulación del teletrabajo, reconociéndola como una figura que se va a sostener.

En cuanto a los convenios colectivos y hasta el mes de agosto, manifestó que “el promedio estaba en el 57.1%, con lo que demuestra que la negociación colectiva viene ajustando salarios de acuerdo a la inflación”.  “En el 2022 se homologaron 2.700 convenios colectivos de trabajo… es la mayor cantidad de homologaciones que ha existido”. También mencionó que “seguirán trabajando para resolver los conflictos con acuerdo de partes, como corresponde en un sistema democrático”.

Aseveró que para 2023, en un panorama donde el empleo está creciendo, hay que apuntar a concentrar los esfuerzos en poblaciones específicas que se vean más afectadas, para  promover la inserción de empleos productivos en poblaciones vulnerables. Otro de los puntos sobre los que focalizó, en función de lo proyectado para el próximo año, es la formación profesional. Precisó que los programas de entrenamiento se realizan en las empresas con certificados de competencia. También informó que están trabajando sobre un observatorio de profesiones, en función de que cada vez hay más habilidades que se desconocen y son requeridas para el futuro.

Más adelante, en la apertura a preguntas de los diputados, Romina Del Pla (PO/FIT-UNIDAD – Buenos Aires) consultó sobre cuáles son las  medidas concretas que va a tomar el Ministerio frente al trabajo no registrado y en negro y si alguna vez van a salir a controlar a las empresas. Asimismo, agregó: ¿qué piensan hacer con el fraude del monotributo?

El Ministro respondió que tienen que trabajar en fiscalización y ver si no hay un tema en materia tributaria que pueda ayudar e incentivar a las empresas que registran esos prototipos que en su mayoría son aquellas con menos de cinco personas. Más tarde, agregó que no todo monotributista es informal, que es una categoría tributaria, recalcando que es distinto a esconder una informalidad.

La diputada María Dolores Martínez (ER – CABA), quiso saber si se están previendo incentivos para mejorar o fidelizar el acceso al teletrabajo y además para implementarlo en el empleo público. Agregó su opinión sobre  la necesidad de dar un marco regulador a los programas de  formación profesional, dado que hay diferentes a lo largo de todo el país. Y también pidió explicaciones sobre “Argentina Programa”.

Sobre el teletrabajo, Moroni respondió que están viendo que está pasando en el mundo y que lo están discutiendo con algunas cámaras empresarias. Sostuvo que hay que repensar la fiscalización, que se entrecruza con el domicilio particular, y agregó que no es el Estado quien tenga que incentivar el teletrabajo.

En otro orden, coincidió con que la formalización profesional es uno de los temas que más se tienen que ocupar. En este sentido, habló sobre las profesiones transversales e hizo alusión a que están tratando de estandarizar las cuadrículas de formación.

Por otra parte, sobre el programa “Argentina Trabaja” explicó que  trabajaron con un programa TT con universidades, que diseñaron algo muy ajustado, no fue un programa masivo. Con sus ventajas y desventajas, aclaró.

La diputada Germana Figueroa Casas (Bloque Pro – Santa Fe) preguntó cuáles son los principales puntos que hacen que se de la informalidad laboral en nuestro país.

El ministro dijo sobre esto que cree que el problema que tiene la Argentina son los ciclos cortos.

Sobre el final, el diputado Sergio Palazzo (FdT – Buenos Aires) expuso que no hay que naturalizar la ilegalidad: “Estamos acostumbrados a decir trabajo en negro y es trabajo ilegal”. Opinó sobre la generación de empleo y teletrabajo  y dijo que cree que hay que trabajarlo mucho más, sobre todo en lo que concierne al tiempo y derecho de desconexión.

Sobre la generación de empleo, aludió a que hay que ir a una jornada más reducida sin reducción salarial, con muchas menos horas como en el resto del mundo. Sobre la implicancia de esto en los costos de las empresas,  agregó que se logra una mayor productividad.

La última exposición estuvo a cargo de la Directora Ejecutiva del ANSES, María Fernanda Raverta, quien declaró que ANSES llega a las familias argentinas, como un destaque de la función. Mostró que el nivel de cobertura y alcance es producto de una decisión política en función de las leyes sancionadas en 2005 y 2014, que promovieron la posibilidad de jubilarse a quienes no podían hacerlo, a través del pago de una moratoria.

Sostuvo que “Venimos a contarles porque necesitamos que aumente nuestro presupuesto y es porque tiene que ver con mejorar la calidad de los argentinos y argentinas”.